Presidente Morales: vete el decreto 10-2019

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Conforme pasan los días y entramos en modo navideño, nos distraemos de los temas de trascendencia nacional. El 12 de noviembre el Congreso de la República aprobó como un relámpago y de forma intempestiva el decreto 10-2019 que reforma el Código Procesal Penal.

El decreto 10-2019, para decirlo más sencillo, introduce la “aceptación de cargos”. En otra columna expliqué por qué este decreto es esencialmente un grosero instrumento de impunidad. Acá recapitulo en lo esencial.

Los problemas del decreto 10-2019

En primer lugar, para delitos de menor impacto ya existen procedimientos para evitar enviar a prisión a aquellas personas responsables por delitos cuya pena de prisión no excede de cinco años. ¿Para qué es esta ley entonces? Pues para delitos más graves. ¿Todos? No, para delitos muy bien escogidos.

Para efectos prácticos, este decreto no beneficiaría a quienes estén acusados de homicidio, secuestro, violación, por poner algunos ejemplos. ¿Qué delitos sí reciben este beneficio? Pues ni más ni menos que aquellos asociados a la corrupción tales como cohecho activo y pasivo (dar y recibir sobornos), peculado (en lenguaje coloquial, robarse dinero del Estado), malversación de fondos, abuso de autoridad, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Quiere decir que esta ley está pensada en un 80% para delitos que podrían enfrentar muchos diputados que dejarán su curul en enero próximo. Y, luego, el decreto aplica a otro catálogo de delitos que no excluyeron porque la aprobación del decreto nunca tuvo la más mínima discusión técnica. Muestra de ello es que las cuatro enmiendas que vuelven a este decreto una receta de impunidad para políticos, aparecieron súbitamente en el pleno el mismo 12 de noviembre ante un inusual quórum.

¿Cómo beneficia esta ley a los políticos acusados de corrupción?

Esa es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, una de las enmiendas que aprobó el Congreso de última hora establece que, si una persona acepta la culpa en su primera declaración, recibe una rebaja de la mitad de la pena. Pero hay una imprecisión, ¿la mitad de qué pena? Los delitos tienen penas de prisión que están fijadas en cierto rango. Por ejemplo, quien cometa el delito de asociación ilícita enfrenta una pena de prisión de 6 a 8 años. ¿La mitad de qué pena será el beneficio? ¿de 6 años? ¿o de 8?

Hay un principio en derecho penal que dice que “en caso de duda, procede lo más favorable al reo”. En un sistema jurídico como el nuestro, con debilidad institucional muy patente, no extrañaría que los tribunales apliquen una interpretación antojadiza de esta máxima e interpreten que los acusados serán beneficiados por la mitad de la pena más baja. En cualquier caso, delitos graves como la asociación ilícita, un delito de la ley contra la delincuencia organizada, podrían librarse sin poner un pie en prisión o recibir penas muy bajas.

El deber presidencial

Naturalmente es imposible profundizar en este corto espacio otros males del decreto 10-2019. Pero lo poco que he dicho da cuenta de lo burdo y grave de la situación. En tal sentido, un grupo de 43 abogados presentamos una solicitud abierta al presidente de la República, Jimmy Morales, para que dé el veto a este decreto.

Como el lector probablemente sepa, una vez el Congreso aprueba un decreto, éste debe pasar al presidente quien puede sancionar el decreto (aprobarlo) o vetarlo. Si lo veta, el decreto debe regresar al Congreso y ahora harían falta 105 votos para aprobarlo. Afortunadamente, los diputados no tienen 105 votos y por ello el presidente Morales tiene el poder de frenar este decreto de impunidad.

El comunicado que menciono no está firmado únicamente por abogados jóvenes como yo. Si da un vistazo a la lista verá a notables abogados, algunos de ellos ex magistrados de los más altos tribunales, por poner un ejemplo. Ojalá el presidente haga lo correcto. Aunque es improbable, los ciudadanos debemos hacer que nuestra voz se escuche.

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