Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Elecciones en Honduras

Mientras escribo estas líneas aún no hay resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Honduras. Sin embargo, todo apunta a que Xiomara Castro, del Partido Libre, será la próxima presidenta de Honduras.

Los dos candidatos favoritos eran el oficialista Nasry Asfura y Xiomara Castro del Partido Libre. Básicamente era una elección entre el continuismo del régimen del Partido Nacional, con acusaciones profundas de corrupción y vínculos con el narcotráfico y la señora Castro, con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Castro es esposa de Mel Zelaya, presidente de Honduras de 2005 a 2009 y quien fue depuesto por un Golpe de Estado por intentar convocar un referéndum (ilegal) para llamar a una Asamblea Constituyente y buscar la reelección presidencial.

El programa de Castro se asemeja a lo que fue el de Zelaya. La gestión de Zelaya se caracterizó por la implementación de programas sociales, como el bono agrícola, bono para madres solteras, entre otros, siempre señalados por ser instrumentalizados con fines políticos.

Por otra parte, Honduras se unió a PETROCARIBE durante su gestión y después del golpe de Estado que depuso a Zelaya el apoyo del régimen venezolano fue claro. Nicolás Maduro, entonces canciller, viajó a Venezuela para intentar restablecer a Zelaya en el poder.

Castro, quien dice impulsar un socialismo democrático, parece seguir una línea similar. Promete convocar a una asamblea constituyente, promete políticas sociales y una comisión anti corrupción. Su guiño con el castrochavismo no es menor y Nicolás Maduro ya envió un caluroso mensaje de felicitación a Castro. Veremos cómo queda conformado el Congreso para saber hasta dónde podrá llegar con su programa de gobierno.

El partido derrotado, el Partido Nacional, parece ser el gran responsable de la victoria de Castro. Gobierna Honduras desde 2010 y Juan Orlando Hernández (JOH) se reeligió gracias a un polémico fallo de la Sala Constitucional de una Corte Suprema de Justicia designada principalmente por su partido que declaró inconstitucional el artículo de la Constitución hondureña que prohibía la releeción presidencial.

Los escándalos de corrupción han estado a la orden del día, el hermano de JOH fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, expulsaron a la comisión anticorropción de la OEA (MACCIH) y reformaron el Código Penal rebajando las penas para delitos asociados a la corrupción y el narcotráfico.

No es de extrañar que 6 de cada 10 hondureños desaprobaran la gestión de JOH y que 8 de cada 10 hondureños consideraran que el país iba por el rumbo equivocado. Honduras es uno de los países con mayores tasas de pobreza de la región y después de la pandemia y las tormentas tropicales de 2020 alcanzó al 74% de los hondureños. 

A la espera de resultados oficiales, veremos si el gobierno de Castro logra la transformación que promete incluida la asamblea constituyente. O veremos si es un gobierno que se modera en el ejercicio del cargo y decide gobernar con el sistema y ciertas políticas sociales. El tiempo dirá y no hay muchas razones para ser optimista en un contexto regional y global de retroceso democrático y en un país con una débil institucionalidad.

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¿En qué se parecen Evo Morales y Juan Orlando Hernández?

En nada, estaría tentado el lector a responder a la interrogante del título de esta columna. El boliviano es de izquierdas y el hondureño de derechas. O alguien podrá decir que los méritos de la gestión de Evo Morales son mayores que los de su homólogo hondureño o viceversa. Pero ese no es el punto de comparación.

Sin duda, para medirlos por los resultados de sus respectivas gestiones habría que recurrir a un arsenal de cifras y datos que no es ni el momento ni el lugar para ofrecer. En esta ocasión quiero llamar la atención a la similitud de ambos gobernantes en una cuestión: su irrespeto a las bases de un régimen democrático y del Estado de Derecho.

Evo Morales asumió por primera vez la presidencia en enero de 2006 y en diciembre de ese mismo año convocó a una asamblea nacional constituyente. Uno de los artículos de aquella nueva Constitución boliviana, concretamente el artículo 169, establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.” (resaltado propio)

Evo Morales recurrió a su primera trampa en 2014. Ya había cumplido dos periodos como presidente y las cortes interpretaron que bajo la “nueva constitución” solo había estado un periodo y se permitió su participación y naturalmente resultó ganador en las urnas.

En 2016 preparó un referendo para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo en reformar la Constitución y permitir la reelección indefinida y los bolivianos dijeron que no. Evo perdió el referendo y nuevamente hizo trampa: el tribunal plurinacional constitucional dijo en 2017 que el artículo 169 de la Constitución boliviana era inconstitucional y que Morales podía reelegirse indefinidamente porque la reelección es un derecho humano.

No contento con ello, Evo Morales intentó robarse las elecciones el pasado 20 de octubre. El artículo 167 de la Constitución establece que gana la presidencia quien obtenga el 50% más uno de votos válidos o quien obtenga 45% de votos y saque una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto del segundo lugar. Con el 86% del escrutinio era claro que Evo no ganaba en primera vuelta así que se “suspendió” temporalmente el conteo y a su reanudación Morales resultó “ganador en primera vuelta”. Lo que sigue ustedes lo conocen: Evo Morales renunció por la ola de protestas que siguieron al fraude electoral.

¿A qué viene la comparación con Juan Orlando Hernández? Pues que Juan Orlando hizo exactamente lo mismo en Honduras. La Constitución hondureña prohíbe la reelección y la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Constitución bajo el argumento de que la reelección es un derecho humano. No contento con ello, Juan Orlando se robó las elecciones en diciembre de 2017.

Mi reflexión final es la siguiente: la izquierda que defiende a Evo Morales es cavernícola, antidemocrática y autoritaria. Los logros de Evo son indiscutibles, pero también sus fallos, como el que denuncio en esta columna. De igual forma, la derecha que defiende a Juan Orlando es rancia, antidemocrática y autoritaria. No puede haber medias tintas cuando se trata de defender las instituciones democráticas. Ambos casos deberían ser igualmente condenables.

Veamos pues, como guatemaltecos, quiénes son los que defienden a capa y espada los atropellos de Evo Morales en Bolivia pues sus ideas son una amenaza a nuestras frágiles y débiles instituciones democráticas. Veamos también a la derecha rancia que justifica a Juan Orlando Hernández o las derivas autoritarias de Jimmy Morales, sus ideas también son un peligro para nuestras frágiles instituciones democráticas y republicanas.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Comentarios sobre Ecuador, Chile y Bolivia

Han pasado muchas cosas en Sudamérica en las últimas semanas. En Argentina hubo elecciones, al igual que en Uruguay, y en Ecuador y en Chile ha habido protestas contra medidas de ajuste que han tomado sus gobernantes. El caso boliviano merece una mención aparte. Quisiera hacer unas muy breves reflexiones al respecto de Ecuador, Chile y Bolivia.

Ecuador

El caso ecuatoriano ilustra bien el malestar que ha habido en torno a medidas de ajuste que afectan el bolsillo de la clase trabajadora. El presidente Lenín Moreno intentó recortar las subvenciones al combustible y eso enardeció a la población. Moreno no fue hábil para manejar la situación y acabó por declarar estado de emergencia, trasladarse a Guayaquil por temas de seguridad y lamentablemente hubo al menos 7 muertos.

La medida sorprendió a más de alguno (me incluyo). Moreno había ganado las elecciones como delfín de Correa, pero durante su gestión se ha apartado del nefasto socialismo del siglo XXI que pregonó su antecesor. La medida de recorte a los subsidios irritó a muchos, pero ciertamente un informe de junio de 2019 publicado por el BID demostró que Ecuador gasta el 7% del presupuesto nacional en subsidios a la gasolina, gas licuado y electricidad, con lo cual la medida de Moreno tenía sentido.

El mismo estudio demostraba que quitar el subsidio a la gasolina afectaría entre el 1 y 1.5% del ingreso de los ecuatorianos más pobres, con lo cual es sorprendente ver el nivel de malestar que ocasionó la medida en la población. En términos técnicos la medida propuesta por Moreno era justificada. Sin embargo, tuvo que recular. Los platos rotos los pagarán con el incremento del déficit presupuestario que acumularán. El propio Correa abonó al citado déficit.

Chile

Chile ofrece otro escenario similar. Ciertamente el aumento a la tarifa del metro generó malestar por buenas razones: según reporta la BBC, para los chilenos de bajo ingreso, el costo del transporte representa el 30% de su ingreso.

Al igual que en el caso ecuatoriano, probablemente el tacto político de Piñera falló y las protestas han durado más de doce días consecutivos. Lo que causa sorpresa es leer comentarios que pintan a Chile como un fracaso rotundo y como uno de los sistemas más desiguales e injustos cuando tal cosa no corresponde con la realidad. Muchos, incluso, han aprovechado la coyuntura para pedir una asamblea constituyente, no extraña que entre ellos el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Pero hay que recordar algunas cifras básicas de Chile: medido por paridad de poder adquisitivo (2017) Chile tiene la renta per cápita más alta de la región (US$ 24,634), la segunda tasa de pobreza más baja de la región (9%) por detrás de Uruguay (8%), el índice de desarrollo humano más alto de la región (2017). Si vamos a datos de calidad democrática la realidad es parecida: de acuerdo con el Democracy Index que publica la revista The Economist, Chile, junto a Costa Rica y Uruguay, son las tres democracias mejor calificadas de la región; si vamos al indicador de libertad del Freedom House, Chile (94/100) y Uruguay (98/100) son los mejor evaluados. Y si para remate fuéramos al Rule of Law Index, Chile ocupa el puesto número 3 en la región y el 25 del mundo.

Chile tiene problemas y sus problemas van en proporción a su nivel de renta. Muchos señalan la desigualdad como un factor, aunque si nos guiamos por el indicador sobre la materia, el coeficiente de Gini, veremos que Chile no es ni cerca el país más desigual de Latinoamérica: de hecho, de 18 países de Latinoamérica, Chile ocuparía el puesto 12. Los países más desiguales, de hecho, son Brasil (pese a años de gobiernos del PT), Guatemala y Colombia y en esos países no vemos la movilización social vista en Chile recientemente.

Bolivia

El caso boliviano es trágico. La victoria de Evo Morales es la consagración de un fraude que comenzó, al menos, desde noviembre de 2017. Evo intentó modificar la Constitución en 2016 para permitir la reelección indefinida y perdió el referendo. No contento con ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió declarar “inconstitucional la Constitución” (al más puro estilo del dictador hondureño, Juan Orlando Hernández) y esto avaló su notoriamente ilegal candidatura.

Pese a ese cúmulo de ilegalidades, el conteo de las pasadas elecciones en Bolivia se vio inexplicablemente interrumpido y cuando el sistema reanudó el conteo, apareció Evo Morales como ganador en primera vuelta. La propia OEA ha manifestado sus dudas sobre el proceso, pero eso al régimen de Morales poco le interesa.

En Bolivia también hubo protestas, pero no serán suficientes. Pocos hablan del notorio fraude boliviano, aunque los indicadores hablan por sí solos. De acuerdo con el Democracy Index de The Economist, Bolivia ocupa el puesto 14 de 20 países de Latinoamérica y de acuerdo con The Freedom House, Bolivia es “parcialmente libre” y tiene una deficiente calificación de 67/100.

Lamentablemente no vemos la misma indignación por Bolivia que la que vemos por Chile y Ecuador. Todo parece indicar que los regímenes afines al eje bolivariano son medidos con otra vara y quizás veamos un triste retorno a aquella ola de gobiernos bolivarianos tan poco amigos de la prosperidad y de las libertades y la democracia.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Tercer país seguro parte II: Tres mentiras de Morales y la furia de Trump

En una columna anterior expliqué qué significaba ser tercer país seguro de EEUU y las gravísimas consecuencias que tendría para Guatemala firmar dicho acuerdo.  El problema continúa. Alrededor del mismo, el presidente Morales ha dicho al menos tres mentiras y todo como telón de fondo a la furia de Trump con nuestro país. Repasemos el asunto.

Primera mentira: negar el acuerdo a la prensa

El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en la Casa Blanca el 15 de julio. Esto levantó las sospechas de que se firmaría un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Ante los medios, antes y después de que se cancelara dicha reunión, el gobierno negaba el acuerdo. La prensa estadounidense, en cambio, lo daba por hecho.

Segunda mentira: negar el acuerdo ante la propia Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional un día antes de la reunión entre los presidentes (14 de julio) como consecuencia de una acción que promovieron unos colegas abogados y ex cancilleres ante la amenaza de que Morales firmara el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin pasar por el Congreso. Esto motivó que la reunión se suspendiera.

La Corte solicitó un informe al presidente previo a resolver aquí es donde viene la segunda mentira del gobierno. El presidente informó a la Corte que:

«(…) los actos reclamados [la amenaza de firmar el acuerdo de tercer país seguro] constituyen situaciones que no tienen existencia real, sino más bien son basados en conjeturas, noticias de periódicos locales, cartas de Congresistas, que en ningún momento le obligan a realizar determinada actividad, por lo que la prueba ofrecida no constituye ninguna credibilidad de que firmará en el futuro algún documento de compromiso (…)». (El resaltado es propio)

Pero el 23 de julio Twitter amaneció en llamas cuando el presidente Trump tuiteó que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros de firmar un acuerdo de Tercer País seguro. Estábamos listos para ir (…)» (traducción libre, el resaltado es propio). ¿Entonces? ¿No decía el presidente Morales ante la Corte de Constitucionalidad, que la amenaza de firmar un acuerdo de tercer país seguro «no tenía existencia real»? El presidente Trump lo delató. Morales le mintió a la Corte.

Tercera mentira: culpar a la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en la política exterior

El presidente Morales publicó en Facebook un escrito en el que culpa de la caída de las negociaciones entre Guatemala y EEUU a la Corte de Constitucionalidad por el fallo antes aludido. Entre otras cosas, Morales afirma:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo.» (El resaltado es propio)

El presidente miente o exagera con esa afirmación. La Corte de Constitucionalidad no se entrometió con la política exterior y, mucho menos, negó que el acuerdo pudiese llegar a nacer, lo único que resolvió fue que, si el presidente Morales quiere suscribir el convenio de tercer país seguro, éste debe pasar por la aprobación del Congreso porque así lo establece el artículo 171 literal “l” de la Constitución. Algo que Morales intentó burlar suscribiendo un acuerdo simplificado, pero que finalmente no pudo ser gracias a esta acción de amparo.

Tampoco es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad resuelve temas de política exterior, como reiteradamente ha afirmado este gobierno. En 2009 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el Expediente 2409-2009, un amparo a favor de Cámara de Comercio y Cámara de Industria ante la amenaza de que el gobierno de Álvaro Colom repitiese la medida de restringir el comercio con Honduras por las fronteras terrestres, una medida que había tomado en junio de aquel año durante 48 horas como consecuencia del golpe de Estado a Manuel Zelaya. De modo que el amparo provisional en el caso del tercer país seguro transita en la misma línea jurisprudencial que aquel precedente. Nuevamente, Morales miente o se equivoca (la que usted prefiera).

La furia de Trump: amenazar con subir aranceles a nuestros productos y poner impuesto a nuestras remesas

Claro está que para Trump la migración es un tema central con miras a su reelección en el 2020. En tal sentido, intentó arrinconar a México para que fuera tercer país seguro con la amenaza de imponer aranceles escalonados que comenzarían con el 5% y acabarían en el 25% si no atendían sus demandas, algo que tuvo a bien evitar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ahora Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos guatemaltecos y fijar un impuesto a las remesas de los guatemaltecos. ¿Es posible? Sí, pero en ambos casos podría existir un contrapeso en el legislativo de EEUU.

En el caso de imponer un impuesto a las remesas, debería producirse a través de una ley que deben aprobar ambas cámaras del Congreso americano. De hecho, fue algo que intentaron en 2017 cuando un grupo de republicanos propuso la Border Wall Funding Act of 2017.

El aumento de aranceles es un poco más complicado. El presidente Trump podría hacer uso de la International Emergency Economic Powers Act y declarar que existe una emergencia de parte de Guatemala contra la «seguridad nacional» de los EEUU e imponer aranceles usando los poderes de emergencia que dicha norma le da. En tal caso, el Congreso de EEUU podría emitir una resolución que ponga fin a la emergencia declarada por el presidente y revertir el aumento de aranceles.

Otra respuesta podría ser que Guatemala podría acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el aumento de aranceles sería en violación del TLC RD-CAFTA. Honestamente, no es demasiado consuelo. La OMC ha estado bajo serios cuestionamientos por parte de los propios EEUU desde hace años, incluso bajo la administración Obama que bloqueó la reelección de una juez de apelaciones de la OMC. Con Trump la cosa ha ido a peor pues incluso ha planteado la salida de EEUU de la organización.

Sí, Guatemala no puede negociar de tú a tú con EEUU. La crítica central contra la administración de Morales no es esa. Lo cuestionable es el secretismo con que se han ventilado los asuntos y la poca consciencia de los problemas que traería para Guatemala aceptar ser tercer país seguro de EEUU. He ahí el problema. El segundo problema es su narrativa que invita a desobedecer a la CC, algo que data de 2017. Todo muy en contra de la institucionalidad de la que tanto carece el país.

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La victoria de Bukele: algunas lecciones

La aplastante victoria de Nayib Bukele sugiere cuando menos dos grandes temas. Primero, el malestar de la ciudadanía contra las élites políticas y el desprestigio de los partidos políticos tradicionales vuelve a dar el triunfo a un candidato «antisistema»; segundo, el impacto del voto joven y el cambio de las preferencias derivado del ascenso de las clases medias emergentes está cambiando los resultados electorales.

A partir de la apertura democrática, en El Salvador se consolidó un bipartidismo fuerte. Por un lado, el partido ARENA, formado por el ala anticomunista salvadoreña y el FMLN formado por la exguerrilla. El ARENA gobernó desde 1989 hasta el 2009 y desde entonces hizo gobierno el FMLN. Ambos partidos han sido objeto de acusaciones de corrupción. El expresidente de ARENA, Tony Saca fue condenado a 10 años de prisión y el expresidente efemelenista, Mauricio Funes, se encuentra prófugo en Nicaragua y ya acumula cuatro órdenes de captura.

El propio Bukele empezó su carrera política en las filas del FMLN primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego como alcalde de San Salvador (2015-2018) donde acabó con un histórico 84% de aprobación. Ya en 2016 Foreign Policy lo había considerado uno de los 15 tomadores de decisiones más importantes del mundo pero en las filas efemelenistas no pensaban darle espacio como candidato presidencial. Con su popularidad en las nubes y tras hacer críticas al FMLN a finales de 2017 le acabaron expulsando del partido.

Para entonces Bukele ya había roto con el sistema. Después de salir del FMLN intentó formar un nuevo partido político, pero no tuvo éxito. Se unió a las filas de un pequeño partido político de izquierdas llamado Cambio Democrático pero el partido fue cancelado por el TSE. Tras ese revés, en julio de 2018 se unió finalmente al partido de centro-derecha GANA y el pasado 4 de febrero ganó la presidencia con ese partido.

Bukele logró capitalizar el malestar con la clase política y entre su campaña del «devuelvan lo robado» y su exitosa campaña en redes sociales logró catapultarse a la presidencia. Para los salvadoreños en general y en especial para los jóvenes y clases medias emergentes, Bukele era la alternativa a los actores políticos tradicionales.

No hay que perder de vista que desde 2016 hemos visto que el malestar de las clases medias está teniendo un impacto importante en la política. En el mundo desarrollado, esas clases medias insatisfechas culpan a la élite política y al globalismo de su estancamiento económico. Son las mismas clases medias inconformes las que votaron por Trump y por el sí en el Brexit.

En los países de ingresos más bajos y concretamente en Latinoamérica, las clases medias emergentes son hijas de la apertura democrática y la apertura económica que comenzó a mitades de la década de 1980. Estas clases medias emergentes están cambiando profundamente la demanda política de la región.

En Centroamérica se ve cómo aquellas clases bajas, especialmente las que vivían en zonas rurales, que eran presa fácil de los programas clientelares, se han transformado en clases medias emergentes urbanas que demandan servicios públicos funcionales y que aborrecen a esa clase política tradicional.

Hoy fue Bukele en El Salvador y en 2015 el electorado pensó que sería Jimmy Morales la respuesta para Guatemala. El caso es que estas clases medias emergentes buscan con ansias reemplazar a esos desprestigiados partidos políticos. Latinobarómetro reflejó a finales de 2018 que solo el 13% de latinoamericanos cree en los partidos políticos. De ese descontento es que surgen los Bukele, los Bolsonaro o los AMLO. ¿Cuál será el resultado de este giro a los políticos antisistema? El tiempo lo dirá.

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Evo Morales: crónica de una tiranía anunciada

El 25 de enero de 2009 el presidente boliviano, Evo Morales, firmaba el decreto que daría vida a la nueva Constitución de Bolivia. Morales, como todos los líderes de ese híbrido de populismo, socialismo y autoritarismo llamado Socialismo del siglo XXI, había prometido una nueva Constitución para «refundar» el Estado boliviano.

La nueva Constitución de Bolivia se redactó por una Asamblea Nacional Constituyente en un proceso para nada exento de polémica. Su redacción tuvo lugar en un cuartel militar (por temas de seguridad, supuestamente) porque al Socialismo del siglo XXI no le gustan las dictaduras militares de derecha, pero si las fuerzas armadas son afines a la causa, ya no les disgusta tanto. Si no, véase el régimen militar que gobierna Venezuela.

Para ir al grano, resulta que en la Constitución que el propio Evo Morales promovió, se estipuló en el artículo 168 lo siguiente:

«El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.»

De acuerdo con esta disposición, Morales debía concluir su presidencia en 2020 porque ya ha ejercido el poder durante tres (3) periodos en total y durante dos (2) periodos bajo la nueva Constitución. Ha ocupado la presidencia por 12 años hasta ahora.

Sin embargo, en febrero de 2016 Evo Morales intentó deshacerse del límite a la reelección presidencial y convocó a un referendo para modificar la Constitución. Los bolivianos le dijeron «no» y la prohibición para la reelección se mantendría.

Pero al Socialismo del siglo XXI solo le gusta la democracia cuando el resultado es afín a sus objetivos, así que decidieron impugnar el artículo 168 de la Constitución y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia bajo el argumento de que el límite a la reelección presidencial violaba el derecho humano a elegir y ser electo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos jueces son elegidos por sufragio universal, dictó la resolución 0084/2017 el 28 de noviembre de 2017 y determinó que el artículo 168 de la Constitución es… ¡inconstitucional! y que debía aplicarse preferentemente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a los derechos políticos y por lo tanto se debe permitir la reelección sin límites en Bolivia.

La decisión es abiertamente política y además contraria a la interpretación dentro del sistema de derechos humanos en lo relacionado con el artículo 23 de la Convención. Así, la Comisión de Venecia,autoridad en la materia, expresó en el Estudio 908/2017:

«Un análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano. (…) Una persona que se propone ser reelegida ha ejercido ya su derecho de ser elegida, por lo que los límites a la reelección o incluso la prohibición de la reelección no deben interpretarse a priori como una violación de un derecho humano». (La negrita es propia)

No hace falta agregar nada más para darse cuenta que la decisión del Tribunal Constitucional boliviano es política y errónea de acuerdo a lo dispuesto por el sistema de derechos humanos. Pese a ello, el pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral boliviano inscribió a Evo Morales como candidato presidencial.

Con ello, la figura de Evo Morales como tirano, se consuma. No se equivoque señor lector. Soy crítico del socialismo del siglo XXI, pero mi posición no es una crítica con sesgo contra las izquierdas. El tirano de derechas Juan Orlando Hernández utilizó la misma fórmula en Honduras y me parece igualmente despreciable.

Como liberal defiendo el estado de derecho, la economía de mercado y la democracia. Algo que estos personajes desprecian profundamente.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Algunos datos sobre las elecciones de medio término en E.E.U.U.

Hoy, martes, 6 de noviembre de 2018, los estadounidenses asistirán a las urnas para elegir representantes y senadores. Estados Unidos es un sistema bicameral y la Cámara de Representantes está compuesta por 435 miembros y el Senado por 100. Ambas cámaras conforman el «Congreso» de Estados Unidos. Todas las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras.

En el caso del Senado, cada estado de la unión elige 2 senadores. El vicepresidente funge como senador en caso de empate en una votación. La Cámara en cambio se conforma de acuerdo con la población aunque la fórmula de representación es compleja. Desde 1913 se decidió fijar el número de representantes en 435. Con ello, cada vez que aumenta la población en algún estado, esto puede significar que a un estado se le quita un representante y se le da a otro estado.

El gerrymandering. La Cámara elige 435 representantes por lo que hay 435 distritos. La determinación del distrito siempre causa polémica porque puede «manipularse» los distritos y eso puede favorecer a algún partido. Se ha utilizado la manipulación de distritos para teóricamente favorecer minorías étnicas, por ejemplo. Pero la definición de los distritos puede dar resultados que hagan que el voto mayoritario no sea proporcional a los asientos obtenidos. Por ejemplo, en Carolina del Norte si los demócratas sacan 29.66% de votos obtendrían 3 asientos en la Cámara. Pero para obtener un cuarto representante haría falta 52.78% de los votos. Es decir, para conseguir un cuarto representante, ¡tendrían que obtener 23.12% más de votos!

El Senado. En esta oportunidad se elegirán 35 de 100 senadores. Actualmente los republicanos tienen 51 de los 100 senadores. Los republicanos parten con ventaja porque 26 de esos 35 asientos los ocupan demócratas que pretenden reelegirse. Esto quiere decir que para ganar control del Senado, los demócratas deberían «defender» sus 26 asientos y ganar al menos 2 de esos 9 asientos que los republicanos buscarán mantener. El incidente con la nominación de Kavanaugh podría afectar a los demócratas ya que a raíz de ello el número de republicanos que considera muy importante esta elección de mitad de periodo pasó de 68% en julio a 80% en octubre. Más republicanos dispuestos a votar le pone cuesta arriba la elección a los demócratas en el senado.

La Cámara. En la Cámara de Representantes los demócratas tienen un poco más de posibilidades de competir por recuperar el control. En esta oportunidad se someterán a elección los 435 asientos. Desde 1945 en promedio en cada elección de mitad de periodo, el partido opositor gana 26 asientos. Actualmente, los demócratas necesitarían ganar 23 asientos para hacerse con la mayoría en la Cámara.

Solo 3 veces en la historia de Estados Unidos un partido de gobierno ha conseguido ganar en las elecciones de medio término: en 1934 (Roosevelt), 1998 (Clinton, segundo mandato) y 2002 (Bush). En las tres ocasiones mencionadas el partido de gobierno ya controlaba el Congreso antes de las elecciones de medio término, al igual que hoy. Veremos si se repite por cuarta ocasión o se mantiene la tendencia más regular de que el partido de oposición gana las elecciones de medio término.

Si los republicanos ganan, se reforzará la idea de que Trump no es una «anomalía» dentro de las tendencias democráticas de E.E.U.U. Si los demócratas ganan el control de la Cámara de Representantes, el gobierno de Trump tendrá dificultades para aprobar leyes que son parte de sus planes de gobierno. De momento su única gran victoria fue la reforma tributaria del año pasado.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Brasil da un giro hacia el populismo

Este domingo, 8 de octubre de 2018, se celebraron las elecciones en Brasil en las cuales Jair Bolsonaro obtuvo 46% de los votos y el profesor Haddad del Partido de los Trabajadores (PT) apenas llegó a un 29.3%. Todo se decidirá en una segunda vuelta electoral.

Pero hace tan solo unos meses, las encuestas colocaban en primer lugar al expresidente izquierdista, Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT). Algo sorprendente si tenemos en cuenta que Lula da Silva guarda prisión por su participación en el famoso caso que se dio por llamar Operação Lava Jato. Como segundo lugar aparecía Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) quien se posicionaba como exponente de la extrema derecha brasileña.  ¿Qué fue lo que cambió?

En septiembre el Tribunal Electoral resolvió que Lula no podía ser candidato debido a su situación legal. En vista de las circunstancias, el PT decidió postular como presidenciable a Fernando Haddad, un profesor de ciencias políticas que fue alcalde de São Paulo (un candidato con una clara inclinación a la izquierda radical y para nada exento de señalamientos de corrupción). Como vicepresidenciable postularon a Manuela d’Ávila, una joven periodista afiliada al Partido Comunista de Brasil. El binomio propuesto por el PT carecía de la popularidad de Lula pese a respaldo de éste y Bolsonaro se posicionó en poco tiempo como el candidato con mayor intención de voto.

Ahora bien, ¿quién es Jair Bolsonaro? Se trata de un ex militar de reserva y diputado brasileño.  Ha mantenido un discurso lleno de polémica que lo coloca en la extrema derecha del espectro político con un tono que raya en lo antidemócrata, en el racismo y la xenofobia.

En primer lugar, Bolsonaro ha sido muy indulgente con la dictadura brasileña que gobernó entre 1964 y 1985 e incluso llegó a afirmar que el error de la dictadura fue torturar y no matar. En otra oportunidad llamó a los refugiados que venían de países africanos, Haití y Bolivia, “escoria humana” y aseguró que Brasil no tenía por qué tener fronteras abiertas para recibirlos. En otra ocasión al hablar de los cimarrones (quilombolas en portugués los afrodescendientes de esclavos que huyeron del trabajo forzoso para formar pequeños pueblos) aseguró que “no servían ni para procrear” y que eran unos holgazanes. Palabras que no deberían salir de la boca de ninguna persona, menos aún de un candidato.

En estos momentos Brasil vive momentos difíciles. Tras los fracasos de los gobiernos de izquierda del PT de Lula y Dilma, empañados por los enormes escándalos de corrupción que rodearon dichas gestiones, no extraña que un candidato de corte populista como Bolsonaro sea la reacción. Una nota de la BBC recoge la declaración de un votante que afirma “prefiero un presidente homofóbico o racista a uno que sea ladrón».

Quizá a los ojos del votante medio brasileño, cansado del fracaso del “establishment político”, Bolsonaro sea una esperanza. Pero la preocupación radica en que Bolsonaro representa un populismo que además tiene un corte autoritario. Lula fue un populista que dio resultados muy pobres, pero al menos no tenía un sesgo antidemócrata como los populismos de izquierdas de Venezuela o Bolivia. Bolsonaro parece tener un sesgo antidemócrata que puede representar un peligro para las débiles instituciones democráticas y republicanas del Brasil.