Entendiendo la denuncia contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Ayer conocimos la noticia de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió por 10 votos a favor y 2 en contra dar trámite al antejuicio que surge como consecuencia de una denuncia penal que hicieran miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación (entidad que recibe fondos del Congreso) en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el delito de prevaricato.

¿Qué es prevaricato y por qué la denuncia pasa por la CSJ?

El prevaricato es un delito que se encuentra regulado en el artículo 462 del Código Penal el cual dice:

El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. (…) (la negrita es propia)

La asociación antes referida presentó la denuncia bajo el entendido que los 3 magistrados de la CC dictaron una resolución «contraria a la ley» (2 de ellos votaron en contra de la resoluición) en un amparo que interpuso un particular en contra de la decisión del ejecutivo de pedir que removieran al embajador sueco, Anders Kompass de nuestro país.

Los magistrados de la CC gozan de derecho de antejuicio, esto es, antes de iniciar persecución penal contra ellos la autoridad debe decidir si la denuncia no es espuria, política o ilegítima. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio, cuando un juez recibe una denuncia contra un funcionario que goza de derecho de antejuicio, debe remitir la denuncia a la CSJ.

A quien corresponde decidir si dejan sin antejuicio a los magistrados para iniciar una persecución penal en su contra es al Congreso de la República. Para ello deben aprobarlo con 105 votos. Previo a enviarlo al Congreso, la CSJ calificó la denuncia para decidir si era espuria o no. La resolución (que puede leer aquí), como dije antes, se aprobó por 10 votos contra 2. Ahora todo pasa al Congreso.

Mi opinión: peligro a la vista

Explicados los hechos hago ver mis preocupaciones al respecto. Es cierto, los jueces pueden cometer delito de prevaricato cuando abusan de la ley. El problema es cuando se acusa a un juez de «prevaricato» porque se tiene la idea que la resolución es «ilegal» de acuerdo al criterio de otro abogado. En el presente caso, la denuncia de la asociación antes mencionada, se funda en dos temas que ellos consideran ilegal de la sentencia del Caso Kompass:

  1. Que el abogado particular que presentó el amparo no tenía legitimación activa;
  2. Que la política exterior corresponde al presidente según el artículo 183 literal «o» de la Constitución y que la CC, al resolver, «interfirió» con esa facultad presidencial.

Analicemos los argumentos.

Legitimación activa

Esto se refiere a la capacidad que tiene una persona de acudir al amparo cuando exista un agravio personal y directo. Por ejemplo, si un juez dicta una orden arbitraria que a mí me perjudica, el único legitimado para acudir a un amparo soy yo y no un tercero que no tiene una afectación directa. Los denunciantes señalan que el abogado particular que presentó el amparo no era víctima de un agravio por parte del Ejecutivo al pedir que se remueva al embajador sueco.

Sin embargo, esto es una visión errónea. La propia CC ha sentado jurisprudencia según la cual los ciudadanos pueden interponer amparos en aquellos casos en que estimen que los actos de gobierno no se ajustan a la Constitución. El caso más llamativo se dio en 2015 cuando la abogada Karen Fischer interpuso un amparo en contra de la resolución de la CSJ que daba trámite al antejuicio contra Otto Pérez Molina. En ese amparo, expediente 2354-2015, la CC dijo:

(…) De esa cuenta, corresponde a un tribunal de amparo ponderar de manera prudente en qué casos puede reconocerse a una persona individual o jurídica una legitimación extraordinaria para promover la acción de amparo, buscándose en ello tutelar de un interés legítimo y supraindividual a la luz de los postulados constitucionales y en congruencia con el normal funcionamiento de las instituciones del Estado establecidas en la Constitución (…) Esta legitimación como antes se puntualizó debe ser determinada caso por caso, no está expresamente contemplada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (…) (la negrita es propia)

Queda claro, pues, que no tiene asidero legal la denuncia de la Asociación de Dignatarios de la Nación en cuanto a este punto porque hay jurisprudencia abundante. Si se admitiera esto, la CSJ se podría hacer un harakiri, pues como recordarán ustedes, fue la CSJ quien conoció en primera instancia el amparo del Caso Oxec que se trató nuevamente de un amparo interpuesto por un particular en contra de una resolución del Ministerio de Energía y Minas.

¿Interfirió con la política exterior?

Este punto es sin duda más complejo. Es verdad que el artículo 183 literal «o» constitucional asigna al presidente la dirección de la política exterior, pero la cuestión es que ninguna facultad es absoluta y el artículo 149 abre la puerta a que se pueda impugnar por la vía de la jurisdicción constitucional los actos de política exterior.

No es infrecuente en otras latitudes este tipo de cuestiones. La jurisprudencia alemana, por ejemplo, también admite la revisión constitucional de cuestiones de política exterior y la española va por un rumbo parecido. La jurisprudencia de EEUU va en sentido contrario y no reconoce un control constitucional de los actos de política exterior.

La gran cuestión es entonces: es peligroso y violatorio de la independencia judicial acusar a los jueces por prevaricato ante la inconformidad con sus resoluciones. Es cierto, todos los funcionarios están sujetos a la ley y a la Constitución, pero vemos que en este caso concreto más que una «prevaricación» existe una intención de debilitar a la Corte de Constitucionalidad por sus continuas resoluciones que han puesto freno a acciones presidenciales que riñen con la constitución.

Lo que sí debo aclarar es que el proceso es largo y no parece factible que despojen a los magistrados de su antejuicio. Primero, harían falta 105 votos en el Congreso que no parecen tener los diputados. Segundo, la denuncia caería en manos del Ministerio Público quien debe determinar si es procedente iniciar persecución penal propiamente. No parece factible legalmente aunque en términos políticos el mensaje es claro.

¿Es legal que el gobierno termine unilateralmente con la CICIG?

Hoy la Canciller, Sanda Jovel, afirmó que comunicó a través de una carta al Secretario de la ONU que Guatemala ha decidido unilateralmente dar por terminado el acuerdo de CICIG. Agregó que el acuerdo terminaría en 24 horas. El presidente Morales ofreció una conferencia de prensa posteriormente donde reafirmaba la decisión.

¿Puede el gobierno terminar el acuerdo de CICIG?

Como indiqué en una entrada anterior, el acuerdo que da vida a la CICIG es un tratado internacional suscrito y ratificado entre Guatemala y la Secretaría de la ONU. Todo lo relacionado con los tratados internacionales está regulado por las prácticas internacionales y al costumbre y por la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados.

Dado que un acuerdo internacional, como su nombre lo indica, es un acuerdo entre dos partes, existen ciertas reglas para darles fin. El artículo 54 de la citada Convención, establece que los acuerdos terminan o por el vencimiento de su plazo o por acuerdo entre las partes. No optaron por la denuncia como se había rumorado pero sí por la terminación unilateral.

Como sabrán los lectores, el acuerdo de CICIG estipula en el artículo 14 que el convenio de CICIG vence a los 2 años y que puede prorrogarse a petición del Estado de Guatemala. El 31 de agosto de 2018 el presidente Morales anunció que no renovaría el acuerdo de CICIG con lo cual la fecha de finalización será el 3 de septiembre de 2019.

Ahora bien: como lo establece el artículo 54 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, no procede la terminación unilateral del acuerdo de CICIG. Es ilegal. Un tratado internacional es entre dos partes y ambas deben coincidir para darle fin.

Pero, ¿no es el Ejecutivo quien dirige la política exterior?

Por supuesto. Pero ninguna facultad es absoluta de modo que el artículo 149 de la Constitución establece:

Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

El gobierno del presidente Morales está actuando en contra de esos principios y reglas internacionales que establece la Convención antes mencionada.

¿Qué procede ahora?

Dado que la decisión del presidente es ilegal por contravenir la Convención y prácticas internacionales, la Corte de Constitucionalidad debe resolver un amparo que presentó el abogado Alfonso Carrillo en contra de la decisión presidencial. Seguramente surgirán otros amparos.

Por lo tanto, es altamente probable que la Corte declare con lugar el amparo por violar el artículo 149 constitucional y que deje sin efecto la decisión unilateral de la Canciller y del Presidente de poner fin al mandato de CICIG.

¿Pero y el artículo 60 de la Convención?

El gobierno invoca que la ONU ha violado el acuerdo de CICIG por no atender sus peticiones en la negociación y por otro montón de cosas que se dijeron tanto por la Canciller como por el presidente. El artículo 60 dice:

60. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. 1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente (…)

Esto, argumenta el gobierno, faculta al Estado de Guatemala para dar por terminado el acuerdo de CICIG. Sin embargo, lo que ocultan o ignoran es que la propia Convención de Viena establece un procedimiento para invocar la aplicación del artículo 60. La aplicación de ese artículo no puede ser unilateral ni inmediata.

Los artículo 65 a 67 de la Convención regulan que cuando una de las partes considere que la otra ha incumplido con un tratado, le formulará observaciones y sugerirá vías de solución. En caso de que no se llegue a una solución, se puede acudir a la vía de la conciliación o se puede llegar a plantear un litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que no se puede es terminar unilateralmente un tratado.

Video:

Video con las reflexiones de la decisión del gobierno.

Aclaración: No confundir la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados (1969) a la que nos referimos en este escrito y que es aplicable al caso concreto, con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), que fue la que intentó usar el presidente para declarar persona non grata al Comisionado de CICIG, Iván Velásquez.

¿Puede el gobierno denunciar el acuerdo de CICIG?¿Puede el Congreso derogar el acuerdo de CICIG?

Escribo estas líneas en respuesta a algunos rumores que corren en cuanto a que el gobierno se propone denunciar el acuerdo de CICIG y otros que argumentan que el Congreso “derogaría” el acuerdo de CICIG para dar por terminado el mismo. Vamos por pasos.

La denuncia de un acuerdo

Partamos de lo básico. Un tratado internacional es un acuerdo entre Estados o sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos entre las partes. La CICIG es un tratado internacional que nace de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El instrumento legal que regula todo lo relativo a los tratados internacionales es la Convención de Viena en Sobre el Derecho de Tratados (en adelante CVDT), el cual fue suscrito y ratificado por Guatemala. Este tratado recoge la costumbre internacional, también fuente de derecho.

De acuerdo con este instrumento, hay dos formas de dar por terminado un tratado (artículo 54 de la CVDT): uno, por lo que disponga el tratado en cuestión; dos, por acuerdo entre las partes.

El acuerdo de CICIG establece en el artículo 14 que tendrá una vigencia de dos años que podrá prorrogarse. El presidente Morales anunció hace unos meses que no renovará el acuerdo, con lo cual el mismo vence el 3 de septiembre de 2019.

¿Y la denuncia del tratado? Vamos ahora sí al grano. La denuncia de un tratado es la notificación de una de las partes de poner fin a un tratado internacional. Ahora bien, el artículo 56 de la CVDT nos da dos requisitos para que esto suceda:

  1. Que el tratado permita la denuncia o dé a entender que así lo quisieron las partes;
  2. Que se dé aviso con 12 meses de anticipación su intención de retirarse del tratado.

La denuncia del acuerdo de CICIG es improcedente porque el mismo prevé un plazo para su terminación. Por otra parte, carece de sentido, ya que debería notificarse con 12 meses de anticipación y al acuerdo le quedan apenas 8 meses de vida. La forma de terminar el acuerdo de CICIG es por su vencimiento, no por su denuncia.

¿Puede el Congreso derogar el acuerdo de CICIG?

Los tratados internacionales siguen un proceso para su vigencia de acuerdo con la CDVT: ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Palabras más palabras menos, la negociación, suscripción y ratificación del acuerdo de CICIG fue un acto que pasó por las autoridades del ejecutivo y fue aprobado por el Congreso.

Como los acuerdos son normas que obligan a las dos partes signatarias del mismo bajo los lineamientos de la CDVT, es absolutamente improcedente que el cuerpo legislativo haga caso omiso del Derecho Internacional y pretenda que derogando el acuerdo con CICIG la misma deja de tener vigor. Si el Congreso procede de esta forma, estaría violando el artículo 149 de la Constitución.

Aclaración: No confundir la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados (1969) a la que nos referimos en este escrito y que es aplicable al caso concreto, con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), que fue la que intentó usar el presidente para declarar persona non grata al Comisionado de CICIG, Iván Velásquez.

¿Se busca corte independiente o corte dócil?

Cerramos el año 2018 con la noticia de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) decidió presentar una denuncia penal contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

¿El motivo? Según parece, la PGN considera que las resoluciones de la CC relacionadas con las controversias entre el Ejecutivo y la CICIG son ilegales, como si fueran ellos los órganos de justicia para decidir si una resolución es legal o no lo es. Esto se suma a las palabras del presidente Morales que afirmó hace cuatro meses «Nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales», una insinuación bastante peligrosa.

Si la CC ha acertado o errado en sus resoluciones es materia para un rico debate entre abogados y estudiosos del derecho. Algunos colegas opinan que la CC ha resuelto contra lo dispuesto por la Constitución y otros piensan lo contrario. En cualquier democracia consolidada también existen personas con opiniones desfavorables respecto de las decisiones de las cortes.

Algunos afirman que el problema es que la CC se ha «politizado» y que la razón política ha primado sobre la razón jurídica para retorcer el brazo presidencial en sus constantes intentos por acabar con la Comisión a toda costa. Lo cierto es que las cortes pasadas han sido vulnerables a las pretensiones del poder político y no habían sido objeto de una crítica tan vehemente como en nuestros días.

Incluso en los países desarrollados las altas cortes están influidas por la razón política. Basta echar un vistazo a históricas resoluciones de la Suprema Corte de EEUU donde los asuntos se han zanjado por votaciones de 5 votos contra 4. La diferencia es que los mecanismos de designación de la Suprema Corte de EEUU alinean los incentivos de tal forma que llegan a conformarla los juristas más connotados del país.

Es verdad que nuestro sistema de justicia es increíblemente más vulnerable a las apetencias de los grupos de interés y del poder político que en los países desarrollados. Esto se debe a que nuestras cortes son designadas mediante procesos corporativistas que favorecen a los grupos antes aludidos.

Por eso cabe preguntarse, ¿qué ha hecho el gobierno de Jimmy Morales para cambiar este sistema de elegir a las altas cortes? La respuesta es clara: nada. En 2016 se planteó una reforma constitucional que pretendía (con sus aciertos y con sus errores) fortalecer el sistema de justicia. La consigna detrás de la reforma era precisamente despolitizar la designación de las altas cortes y para ello proponía cambiar ese caduco sistema de designación.  Es una pena que el presidente haya estado totalmente ausente en ese esfuerzo.

Eso lleva a preguntarnos, ¿pretende el Ejecutivo denunciar a estos 3 magistrados por su falta de independencia? O más bien, ¿pretende el Ejecutivo quitar de su camino a estos 3 magistrados porque son un obstáculo a sus pretensiones?

Invito al lector a reflexionar: ¿cuál sería el resultado final si los esfuerzos del Ejecutivo tienen éxito? ¿La designación de 3 nuevos magistrados «independientes» o la designación de magistrados dóciles? No están los tiempos para ser tan ingenuos. La respuesta es bastante obvia.

Si existe un problema de fondo es uno solo y lo reafirmo: los mecanismos para designar magistrados que prevé la Constitución. Entonces, pidamos al presidente y al Congreso que hagan un esfuerzo por retomar esa reforma al sistema de justicia para que en el futuro tengamos magistrados independientes y que los procesos no estén al alcance de la manipulación de grupos oscuros. Hagan la tarea que no hicieron en 2016. ¿No les parece la ruta de acción adecuada?

La denuncia de la PGN contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Hoy circuló un comunicado de la PGN en el que señalan que luego de un «estudio» de varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, determinaron que procederán a denunciar a tres magistrados de esta corte por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad. Copio el comunicado para referencia del lector.

¿Por qué la denuncia?

Básicamente la PGN está intentando decir que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en los conflictos que ha tenido el Gobierno con la CICIG son «inconstitucionales». Sí, leyó usted correctamente. La PGN acusa a la Corte de Constitucionalidad, cuya función es, según el artículo 268 de la Constitución «la defensa del orden constitucional» de violar la Constitución.

¿Puede un tribunal constitucional dictar resoluciones contrarias a la Constitución?

La pregunta es compleja y no será el primer lugar donde se plantee algo así. En Estado Unidos, el político republicano Rick Santorum argumentó que la decisión de la Suprema Corte de ese país en el caso Obergefell v. Hodges, era «inconstitucional». El caso es que dado que la Suprema Corte interpreta la Constitución, sus decisiones no pueden ser inconstitucionales. EEUU es precisamente el referente en materia de judicial review.

Lo mismo puede decirse de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Dado que su función es la defensa del orden constitucional, sus decisiones son las que determinan cuál es la interpretación correcta de la Constitución y ningún tribunal de inferior rango puede inobservar sus decisiones.

Si las denuncias prosperaran, ¿cómo va a decidir un juez de inferior rango en materia constitucional que las decisiones de la CC son contrarias a la Constitución? Hay una imposibilidad lógica.

¿Los tribunales constitucionales pueden resolver lo que quieran? El Caso Ríos Montt

Tampoco es el caso. De hecho, en Guatemala existen precedentes en que la CC ha resuelto en formas evidentemente contrarias a lo que dice el texto constitucional. Basta recordar aquella polémica resolución del 2003 (expediente 1089-2003) en que la CC decidió que Efraín Ríos Montt no tenía prohibición de optar a la presidencia.

Pero la cosa no acaba ahí. En el expediente 2395-2006 el abogado Mario Fuentes Destarac pidió que se declarara nula la sentencia antes referida por declarar inaplicable el artículo 186 de la Constitución y por tanto violar la misma. La Corte resolvió que no cabía declarar la nulidad pero reconoce en su sentencia que «Se realizó una interpretación errónea de la prohibición de inelegibilidad contenida en el literal a) del artículo 186 de la Constitución Política de la República». Luego declara la propia Corte reconoce que «Se ordenó “excluir por completo, en el caso concreto, la aplicación del precepto contenido en el artículo 186 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de las razones que quedaron expresadas en esta sentencia”, con lo cual la Corte de Constitucionalidad incumplió, de manera más que evidente, con la observancia obligatoria del imperativo categórico contenido en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República» (la negrita es propia).

Pese a que la Corte de Constitucionalidad reconoció que la magistratura anterior «resolvió en contra de la Constitución», no accedieron a declarar nula la sentencia del caso Ríos Montt. En cambio dijeron que dicha sentencia simplemente padece de una «carencia absoluta de efecto jurisprudencial vinculante de la decisión contenida en la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil tres, y las posteriores contenidas en tres autos dictados el treinta de julio de ese mismo año».

En pocas palabras, dado que la CC en dos oportunidades anteriores había negado la participación a Ríos Montt, resolvieron que el fallo «erróneo» del 2003 no interrumpía la formación de jurisprudencia en el sentido original de que tenía prohibición para efectos de sentar jurisprudencia vinculante.

Conclusión

El caso Ríos Montt sirve para ilustrar que las dinámicas de poder pueden llevar a las cortes a dictar resoluciones contrarias al espíritu constitucional. En el 2003 la CC impuso su interpretación y, por más errónea que fuera, fue obligatoria para los demás órganos del Estado y el General corrió por la presidencia. Dichosamente no ganó.

La actual Corte de Constitucionalidad se ha visto en la necesidad de dictar resoluciones llenas de polémica dado que el Gobierno ha declarado una guerra a CICIG. Sin duda muchos de sus criterios son discutibles pero no por ello constituyen violaciones flagrantes a la Constitución y menos son motivo para accionar penalmente contra los magistrados que así han resuelto.

En el fondo la realidad política parece sugerir una conclusión: la CC siempre ha dictado resoluciones polémicas y alguna vez contrarias al espíritu constitucional. Pero como en el caso Ríos Montt, que nos sirvió de ejemplo, la CC obedecía al poder político, sus resoluciones, por muy ilegales que fueran, nunca fueron cuestionadas.

Hoy, dado que la CC no responde directamente al poder político, sus decisiones dan lugar a que precisamente sea el poder político quien arremeta contra los magistrados. Lo que está en juego es la independencia de la CC. El gobierno no está inconforme porque la CC resuelve «contra» la Constitución. Está molesto porque no resuelve conforme a lo que ellos quisieran.

¿Por qué hablan de soberanía y constitucionalidad para violar el acuerdo de CICIG?

Hoy el gobierno ha dado un golpe duro a la CICIG al anunciar que ha revocado las visas y acreditaciones diplomáticas de 11 funcionarios de CICIG. Seguidamente, el presidente del Congreso, Alvaro Azrú Escobar, dijo que «Ningún tratado, convenio o acuerdo esta [sic] por encima de la Constitución Política de Guatemala. La defensa de la soberanía es una obligación de todo ciudadano. Si no hay soberanía, no hay país».

Llama la atención que se invoque la soberanía para justificar los atropellos al acuerdo de CICIG. ¿Por qué? ¿No fue Guatemala quien soberanamente suscribió el Acuerdo con ONU para crear la CICIG?. Peor aún, ¿ tiene sentido hablar de preeminencia de la Constitución sobre cualquier tratado cuando el Acuerdo de CICIG se suscribió y ratificó respetando el proceso que la propia Constitución prevé? La carencia lógica de los argumentos esgrimidos es patente.

A continuación amplío el argumento legal de por qué es absurdo invocar la soberanía y la Constitución cuando no hay ni violación a la soberanía ni a la Constitución:

  1. Revocar las acreditaciones y visas del personal de CICIG es una violación abierta de los artículos 6, 8 y 10 del acuerdo internacional que da vida a la comisión. El inciso «d» del artículo 10, por ejemplo, dice textualmente que el personal de CICIG goza de «Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros»;
  2. El Acuerdo de CICIG es de observancia obligatoria. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es la norma de derecho internacional que regula lo relativo al cumplimiento de los tratados. Guatemala lo ha suscrito y ratificado. El artículo 26 dice: «Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe».; luego el artículo 27: «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46». El artículo 46 norma lo relativo a la nulidad de los tratados con supuestos que en el presente caso no se cumplen.
  3. No se puede invocar la Constitución para violar el acuerdo de CICIG. El artículo 175 establece que: «Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure» . El artículo 204 de la Constitución dice que «Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado». El acuerdo que da vida a CICIG está vigente y goza de dictamen de la Corte de Constitucionalidad que establece que el mismo no viola disposiciones constitucionales. Por lo tanto, no cabe invocar la preeminencia de la Constitución sobre el acuerdo de CICIG ya que no existe contradicción entre ambos. Es más, ya hay varias resoluciones de la CC respecto de actos de gobierno que han violado el acuerdo. En tal sentido, violar sistemáticamente el acuerdo de CICIG

Ilegalidad manifiesta: la revocatoria de visas al personal de CICIG

El gobierno de Jimmy Morales ha intentado combatir el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– por todos los medios a su alcance: legales y también ilegales.

Hoy, el Ministerio de Relaciones exteriores hizo una publicación en el diario oficial donde hacía saber que las visas y acreditaciones de 11 funcionarios de CICIG quedaban revocadas. Este acto es ilegal porque viola frontalmente lo dispuesto en los artículos 6 y 10 del Acuerdo de CICIG. Acá el comunicado:

Este medida suma a acciones anteriores que ha tomado el gobierno. Aprovecho a hacer un recuento:

Round 1. El 27 de agosto de 2017, el presidente Morales intentó declarar persona non grata al –pese a todos los intentos en contra– aun Comisionado de CICIG, Iván Velásquez. Inmediatamente, la Corte de Constitucionalidad resolvió en un auto de amparo provisional que la medida era ilegal y que quedaba sin efecto. Medida ilegal.

Round 2. Poco más de un año después, el 31 de agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de CICIG que vence en septiembre de 2019. El convenio de CICIG prevé que éste vence a los 2 años y que puede renovarse por comunicación entre las partes. Es facultad del presidente decidir sobre su renovación. Medida legal.

Round 3. El 3 de septiembre de 2018, el presidente Morales giró una orden que prohibía el ingreso del señor Iván Velásquez al país por «razones de orden y seguridad pública» a partir de una resolución que se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad (del cual el presidente forma parte). Nuevamente, el asunto llegó a las cortes y la CC resolvió que esta orden era ilegal y que debía permitirse el ingreso del comisionado al país. Medida ilegal.

La fiscalización de las ONG: entre la hipocresía y la ignorancia

El pasado martes, 11 de diciembre, el presidente Jimmy Morales pidió más transparencia para las ONG. Y tiene razón. Es deseable que las ONG sean transparentes pues son entidades cuyas donaciones están exentas del impuesto sobre la renta.

Las palabras del presidente se suman a los esfuerzos y a la narrativa que venían desde el Congreso a comienzos de año cuando impulsaron la iniciativa de ley 5257. Esta iniciativa de ley, según los diputados que la promovían, se pintaba como una reforma para transparentar el manejo de fondos por parte delas ONG.

Más que reforma, arma para silenciar ONG

En la realidad, la iniciativa de ley, como lo analicé en un estudio, era una herramienta para limitar el ejercicio delas ONG a través de una serie de mecanismos que complicaban su operación. Se imponían obligaciones financieras análogas a los partidos políticos (algo que no parece razonable), se daba el poder al Estado para cancelarlas sin juicio previo y se delimitaba el ejercicio de las ONG por rama de actividad.

Dar la potestad al Estado para cancelar ONG sin juicio previo es una medida propia de regímenes autoritarios como el de Ortega en Nicaragua. Esta semana decidió cancelar la personalidad jurídica a varias ONG de Derechos Humanos por denunciar los abusos del régimen. Lo propio intentó hacer el autoritario devoto de aquella comparsa llamada socialismo del siglo XXI, Rafael Correa en Ecuador, con Fundamedios, lo cual afortunadamente no prosperó.

La transparencia: la hipocresía y la ignorancia

La transparencia es deseable. Lo que los diputados nunca mencionaron (probablemente porque son tan ignorantes que no lo saben) es que las leyes actuales obligan a las ONG a rendir cuentas. Por ejemplo, están obligadas a llevar libros contables donde deben documentar todas las donaciones que reciben.Ello, para que la autoridad tributaria y las autoridades de lavado de dinero puedan fiscalizar y verificar que el origen de los fondos es licito y que son efectivamente destinados a las actividades de la ONG.

¿Que las regulaciones no se cumplen? Ciertamente hay un alto grado de incumplimiento de las normas relativas al financiamiento de las ONG. Pero ahí es donde entra a jugar la hipocresía:los diputados no son únicamente legisladores, tienen una función fiscalizadora. Si el interés real es la transparencia, deberían citar oportunamente a los funcionarios de SAT y autoridades a cargo para determinar dónde está el fallo. Pero tal cosa jamás ocurrirá porque no es su prioridad.

La hipocresía crece cuando echamos un vistazo al presupuesto de la nación para 2019. Resulta que asignaron casi Q2.9 miles de millones a ONG de salud y educación. Dentro de estas ONG hay muchas que hacen una gran labor y son importantes para la prestación de estos servicios. Pero también hay ONG cuestionables y vinculadas a diputados y otros funcionarios.

¿Estas ONG no les preocupan a los diputados? Por supuesto que no. Mientras tanto, continuarán asignando millones de quetzales a las ONG afines a ellos y cuando salgan a la palestra pública anunciarán con bombos y platillos su nefasta y autoritaria iniciativa de ley 5257.

¿En qué consiste la denuncia contra Thelma Aldana?

El 12 de diciembre de 2018, se supo que dos auditores y supervisores de la Contraloría General de Cuentas presentaron una denuncia penal por un contrato de servicios que el MP suscribió en el periodo en que Thelma Aldana era fiscal con José Carlos Marroquín. Pueden encontrar la denuncia aquí.

En los párrafos siguientes me propongo explicar al lector lo que dice la denuncia y lo que implica en términos legales. No es una opinión o una postura personal sobre el tema. Es una explicación.

El contrato de servicios con José Carlos Marroquín

Según se puede leer del escrito,el Ministerio Público celebró un contrato de servicios profesionales con el señor José Carlos Marroquín bajo el renglón 189. Este renglón, de acuerdo con los lineamientos del manual presupuestario, se refieren a “Otros estudios y/o servicios».

Es decir, no se trata de un contrato de trabajo sino de un contrato de servicios, de una consultoría, para decirlo en términos sencillos. Este punto es clave, porque el señor Marroquín vive en EEUU, ya que tiene asilo en aquel país desde hace varios años.

La consultoría consistía, según la denuncia, en la entrega de los siguientes productos.

  1. Elaborar un documento que identifique y sistematice las buenas prácticas para el fortalecimiento de la investigación y de la persecución penal estratégica del MP.
  2. Elaborar un análisis comparativo del antes y el después de las buenas prácticas implementadas en el MP.
  3. Hoja de ruta y estrategia para socializar y compartir con las diferentes instituciones del sistema de justicia los resultados de la consultoría.

¿Se entregó la consultoría? ¿Debía estar José Carlos Marroquín en Guatemala?

Legalmente, al ser el renglón 189 relativo a servicios, no es necesario que el consultor esté físicamente en el MP. La obligación consiste en entregar los productos de la consultoría.

De acuerdo con la propia denuncia, el señor Marroquín sí entregó los productos. Dice la denuncia:

«(…) el consultor José Carlos Marroquín Pérez, mediante correo electrónico hizo entrega del producto número tres (3) al Ministerio Público denominado “Informe sobre Buenas Prácticas Desarrolladas den el Ministerio Público de Guatemala”»

Si lo entregó, entonces, ¿cuál es la denuncia?

Lo que argumentan los auditores de la Contraloría es que solicitaron información al MP, el 23 de noviembre pasado, para determinar si los productos de la consultoría habrían traído beneficios a la institución. Al responder al requerimiento, la gente del MP contesta dos cosas:

  1. Del primer compendio (producto de la consultoría), no pueden dar cuenta de los beneficios porque eso lo trabajó de cerca la ex fiscal Aldana con su secretario de política criminal, Rootman Pérez. Así que no pueden dar cuenta de lo útil o no del mismo.
  2. Respecto del compendio de buenas prácticas, que se entregó en mayo, no hay registros de que se haya socializado. Esto último parece no tener sentido porque la ex fiscal entregó el cargo en mayo, el mismo mes que se entregó la consultoría. No parece lógico alegar que no se socializó porque concluyó su periodo. Pero eso es lo que respondió la gente del MP.

En conclusión, ¿prosperará la denuncia? Está por verse. ¿Qué les parece la acusación? Abajo transcribo la respuesta del personal del MP con la cual se fundamentan los supervisores de Contraloría para denunciar que la consultoría en discusión fue en detrimento del erario público. De la información para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.

«Mediante oficio número (…) el Equipo de Auditoría solicitó información al Ministerio Público acerca de los beneficios o utilidades al Fortalecimiento del Ministerio Público y por ende al Sector Justicia, derivado del producto número tres, entregado por el consultor José Carlos Marroquín Pérez; mediante oficio número (…) el Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación del Ministerio Público manifiestan: “…Que derivado a que la consultoría en referencia la trabajo [sic] directamente el consultor en apoyo a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público [Thelma Aldana], con el acompañamiento del titular de la Secretaría de Política Criminal de la anterior Administración de la Institución [Rootman Pérez] no se han percibido beneficios o utilidades derivados del Compendio, dado que se cuenta con el mismo como producto de la consultoría, pero no se tienen otros documentos o instrumento que corroboren la utilidad del mismo … En relación al documento de la consultoría Desarrollo de un Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las capacidades de la Investigación y Persecución Penal Estratégica que concluyó en mayo del presente año, no se cuenta con registros de que el documento haya sido socializado, así como que a la fecha se hayan recibido consultas al mismo por otras instituciones nacionales o internacionales”.»

Evo Morales: crónica de una tiranía anunciada

El 25 de enero de 2009 el presidente boliviano, Evo Morales, firmaba el decreto que daría vida a la nueva Constitución de Bolivia. Morales, como todos los líderes de ese híbrido de populismo, socialismo y autoritarismo llamado Socialismo del siglo XXI, había prometido una nueva Constitución para «refundar» el Estado boliviano.

La nueva Constitución de Bolivia se redactó por una Asamblea Nacional Constituyente en un proceso para nada exento de polémica. Su redacción tuvo lugar en un cuartel militar (por temas de seguridad, supuestamente) porque al Socialismo del siglo XXI no le gustan las dictaduras militares de derecha, pero si las fuerzas armadas son afines a la causa, ya no les disgusta tanto. Si no, véase el régimen militar que gobierna Venezuela.

Para ir al grano, resulta que en la Constitución que el propio Evo Morales promovió, se estipuló en el artículo 168 lo siguiente:

«El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua

De acuerdo con esta disposición, Morales debía concluir su presidencia en 2020 porque ya ha ejercido el poder durante tres (3) periodos en total y durante dos (2) periodos bajo la nueva Constitución. Ha ocupado la presidencia por 12 años hasta ahora.

Sin embargo, en febrero de 2016 Evo Morales intentó deshacerse del límite a la reelección presidencial y convocó a un referendo para modificar la Constitución. Los bolivianos le dijeron «no» y la prohibición para la reelección se mantendría.

Pero al Socialismo del siglo XXI solo le gusta la democracia cuando el resultado es afín a sus objetivos, así que decidieron impugnar el artículo 168 de la Constitución y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia bajo el argumento de que el límite a la reelección presidencial violaba el derecho humano a elegir y ser electo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos jueces son elegidos por sufragio universal, dictó la resolución 0084/2017 el 28 de noviembre de 2017 y determinó que el artículo 168 de la Constitución es… ¡inconstitucional! y que debía aplicarse preferentemente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a los derechos políticos y por lo tanto se debe permitir la reelección sin límites en Bolivia.

La decisión es abiertamente política y además contraria a la interpretación dentro del sistema de derechos humanos en lo relacionado con el artículo 23 de la Convención. Así, la Comisión de Venecia,autoridad en la materia, expresó en el Estudio 908/2017:

«Un análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano. (…) Una persona que se propone ser reelegida ha ejercido ya su derecho de ser elegida, por lo que los límites a la reelección o incluso la prohibición de la reelección no deben interpretarse a priori como una violación de un derecho humano». (La negrita es propia)

No hace falta agregar nada más para darse cuenta que la decisión del Tribunal Constitucional boliviano es política y errónea de acuerdo a lo dispuesto por el sistema de derechos humanos. Pese a ello, el pasado 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral boliviano inscribió a Evo Morales como candidato presidencial.

Con ello, la figura de Evo Morales como tirano, se consuma. No se equivoque señor lector. Soy crítico del socialismo del siglo XXI, pero mi posición no es una crítica con sesgo contra las izquierdas. El tirano de derechas Juan Orlando Hernández utilizó la misma fórmula en Honduras y me parece igualmente despreciable.

Como liberal defiendo el estado de derecho, la economía de mercado y la democracia. Algo que estos personajes desprecian profundamente.