Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Kamala Harris’ visit to Guatemala

The visit by US Vice President Kamala Harris to Guatemala reaffirmed pretty much what he already knew. In the first place, she told the Central Americans who plan to undertake the dangerous journey to te US: «do not come.» Those words earned her the backlash of the most progressive wing of her party. Second, she stated: «we will seek to eradicate corruption, wherever it exists.»

The «don’t come» message was clearly directed to the American public rather than Central Americans. There are figures that can explain it: a recent Ipsos poll shows that 61% of Americans think that the solution to stop illegal migration is to increase funding for funding for inmigration enforcement, 71% agree with increasing criminal penalties for inmigrant smugglers, 63% favor imposing economic sanctions on Mexico to encourage their government to wordk to reduce migrants and 44% favor continuing with the construction of the wall.

In this sense, the creation of a center for migrants who had been sent back from Mexico and the United States was announced. It is not yet known on what terms it would work, but it sounds like a safe third country rebranding.

In terms of aid, they offered US $ 40 million over three years to launch the Young Women’s Empowerment Initiative, US $ 48 million to support entrepreneurship and development innovation. On the other hand, Vice President Harris offered to provide 500,000 doses of COVID-19 vaccines.

Regarding the ​​fight of crime and corruption, there are still some issues that should be addressed. At the end of April the DHS announced the launch of Operation Sentinel focused on transnational criminal organizations affiliated with the smuggling of migrants. US law enforcement agencies would work with local authorities to identify those networks and their members.

During the meeting between Harris and Giammattei, the creation of the Joint Task Force Alpha was made official. This task force is in line with Operation Sentinel because it announces efforts to prosecute smuggling and human trafficking groups, as well as transfers of capacities to local authorities to prosecute these types of crimes.

But, on the other hand, it announces that the Department of Justice (DOJ) will increase its efforts in terms of «investigations, prosecutions and recovery of assets» related to corruption. In turn, they announce that they would work with local prosecutors to help them file corruption cases in these countries. The legal tools from which the US will start are the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the Cleptocracy Asset Recovery Initiative.

It is not clear on what terms they will work and especially how far they can go considering the scope of action that the aforementioned American legislation allows. But in terms of cooperation in the fight against corruption, it is the highlight of the visit of the US Vice President, this task force will have to be paid attention.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Los temas relevantes de la visita de Kamala Harris a Guatemala

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris dejó algunos mensajes claros. En primer lugar, le dijo a los centroamericanos que piensan emprender el peligroso viaje hasta ese país “no vengan”. Esas palabras le valieron el reproche del ala más progresista de su partido. En segundo lugar, sentenció: “buscaremos erradicar la corrupción, donde quiera que exista”.

En realidad, la visita no trajo muchas novedades. El mensaje de “no vengan” estaba claramente dirigido al público estadounidense más que a los centroamericanos. Hay cifras que pueden explicarlo: una reciente encuesta de Ipsos muestra que 61% de los americanos piensa que la solución para detener la migración ilegal es aumentar los fondos para agencias de seguridad y protección fronteriza, un 71% está de acuerdo con incrementar los castigos a los traficantes de personas, 63% favorece imponer sanciones económicas a México para motivarlos a tomar acción y  un 44% favorece continuar con la construcción del muro.

En ese sentido, se anunció la creación de un centro de atención a migrantes que sean enviados desde México y Estados Unidos. Aún no se sabe en qué términos funcionaría, pero suena a un rebranding del tercer país seguro. 

En términos de ayuda, ofrecieron US$40 millones desde USAID para un programa de ayuda a mujeres jóvenes, US$48 millones para emprendimient, desarrollo e inversión. Por otra parte, la vicepresidenta Harris ofreció enviar 500,000 dosis de vacunas contra COVID-19. 

En el ámbito del combate al crimen y la corrupción quedan algunos temas a los que habrá que prestar atención. A finales de abril Homeland Security (DHS) anunció la Operación Centinela que se propone combatir estructuras de tráfico de personas. Agencias de seguridad de EE. UU. colaborarían con autoridades locales para identificar esas redes y a sus miembros.

Durante la reunión entre Harris y Giammattei, se oficializó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (Joint Task Force Alpha). Esta fuerza de tarea va en la línea de la Operación Centinela porque anuncia esfuerzos para perseguír a grupos de tráfico y trata de personas, así como de transferencias de capacidades a autoridades locales para perseguir ese tipo de delitos.

Pero, por otra parte, anuncia que el Departamento de Justicia (DOJ) aumentará sus esfuerzos en cuanto a “investigaciones, enjuiciamientos y recuperación de activos” relacionados con la corrupción. A su vez, anuncian que trabajarían con fiscales locales para ayudarles a plantear casos de corrupción en estos países. Las herramientas legales de las que partirá EE. UU. son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la Kleptocracy Asset Recovery Initiative.

No está claro en qué términos trabajarán y sobre todo cuán lejos pueden llegar considerando el ámbito de actuación que la legislación americana antes mencionada permite. Pero en términos de cooperación en materia de lucha contra la corrupción, es la noticia más destacada de la visita de la vicepresidenta de EE. UU. Habrá que prestar atención a esta fuerza de tarea.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Presupuesto 2021: asalto al país. ¿Qué hacer?

Video explicativo

El martes, 17 de noviembre, sesionaba en pleno el Congreso de la República. A las 4:30 p.m. la Comisión de Finanzas repartía el dictamen favorable al proyecto de presupuesto para 2021. Era un documento de 127 páginas. Lo normal era que cada diputado tuviera tiempo para leer el dictamen y conocer la aprobación del presupuesto en otra seisón.

Sin embargo, ese mismo martes a las 6:10pm el diputado Jorge García del bloque Prosperidad Ciudadana presentaba una moción privilegiada para solicitar cambiar la agenda de la sesión. ¿El motivo? Agendar ese mismo día conocer el presupuesto de la nación. El pleno aprobó dicha moción y entró a conocer el presupuesto.

A las 11pm el diputado Julio Longo del bloque FCN presentó moción privilegiada para conocer de urgencia nacional el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que de declararse de urgencia nacional el decreto de presupuesto se aprobaría en UNA lectura en el pleno. El proceso normal consiste en tres lecturas en tres sesiones distintas. Necesitaban 107 votos para aprobar la declaratoria de urgencia nacional y tuvieron 110 votos.

A partir de ahí se consumó la traición a los guatemaltecos. El Congreso aprobaría en cuestión de horas un presupuesto de Q99.7 mil millones de los cuales casi Q34 mil millones serían financiados por deuda pública. En términos tanto absolutos como relativos era el presupuesto más alto que jamás hubiera aprobado el Congreso.

Las finanzas públicas quedan en vilo. En 2019 la deuda pública comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) era de 26.6%. En marzo el Congreso había aprobado Q20 mil millones de endeudamiento para financiar los programas de ayuda por la pandemia. Pero ahora, con este presupuesto, los niveles de endeudamiento llegarían al 36% sobre el PIB.

Quizás todo mundo salga con la cantaleta de “es un nivel de deuda menor que el de otros países de la región”. Lo que no dicen es que lo importante es saber cuál es la capacidad de pago del Estado de Guatemala. Como es un Estado que recauda menos impuestos que sus pares, resulta que el nivel de deuda relativo a los ingresos tributarios llegaría a un 355%. Los expertos dicen que cuando esta cifra llega al 250% un país está en una situación delicada. Guatemala ya estaba en ese punto antes de aprobar este presupuesto.

Quizás estas cifras sean muy técnicas y aburridas para el lector. Prensa Libre publicaba la cifra siguiente: con los niveles de deuda de 2019 si dividíamos la deuda del país entre el número de habitantes, cada guatemalteco “debía” Q.9,600. Con la deuda aprobada en marzo de este año cada guatemalteco ya “debería” Q.11,224 y con el presupuesto aprobado por el Congreso el martes pasado, cada guatemalteco “debería” Q.13,152.

¿Qué hacer ahora? Los principales enemigos son la apatía ciudadana y el tiempo. La apatía ciudadana porque los políticos tienen que escuchar nuestra voz y dar marcha atrás. El presidente tiene el poder de vetar el decreto del presupuesto de 2021 y eso obligaría a que el Congreso vuelva a conocerlo. La ciudadanía debe exigir al Congreso que apruebe un presupuesto más bajo y ajustado a la realidad del país.

¿Por qué el enemigo es el tiempo? Porque la Constitución establece la fecha límite para aprobar el presupuesto cada año: el 30 de noviembre. Si el presidente veta el decreto de presupuesto demasiado tarde, no habrá tiempo de que el Congreso aprueba un nuevo presupuesto. ¿Qué pasaría? Continuaría el presupuesto vigente que es más alto (Q107 millardos) que el aprobado para 2021 por los préstamos que autorizó el Congreso en marzo para los programas de “ayuda” por la pandemia.

Así que la hoja de ruta está clara, pero no hay tiempo: el presidente debe vetar el decreto del presupuesto de 2021 cuanto antes y el Congreso debe aprobar un nuevo decreto de presupuesto antes del 30 de noviembre. Hagamos escuchar nuestra voz. #BastaYa

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

¿Reformas constitucionales en tiempos de Covid-19?

Hace 35 años se promulgó nuestra Constitución y desde entonces hemos vivido múltiples intentos para deformarla. Solo uno de estos intentos prosperó.  ¿Por qué? ¿Fue la supuesta cura peor que la enfermedad? Cada proyecto tiene sus matices y es cierto que alguno proponía cambiar para peor. Pero no es exagerado afirmar que en nuestro país los intentos de cambio fracasan por la resistencia de los grupos de interés que ganan con mantener el sistema actual.

Al escribir estas líneas (5 de junio) aún no se conoce la propuesta de reforma constitucional al sector justicia que anunció el presidente, Alejandro Giammattei. Esperamos con ansias la propuesta del presidente para emitir el juicio respectivo.   

Hagamos un breve repaso de lo ocurrido durante los últimos 27 años. La única reforma constitucional que prosperó, fue la de 1993 (post Serranazo) dada la coyuntura crítica que se vivió. En algunos aspectos trajo cambios positivos, pero cambió para peor las cosas en el sector justicia pues amplió el corporativista y malogrado sistema de comisiones de postulación a la designación de Salas de Corte de Apelaciones. 

El primer experimento fallido fue el intento de reforma constitucional de 1998 promovido como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz. Este proyecto incluía una reforma al sector justicia. El texto fue aprobado por el Congreso, pero fracasó en la consulta popular de 1999.

De ahí en adelante han surgido varias iniciativas que en sus objetivos han apuntado hacia el poder judicial, pero nunca llegaron tan lejos. ProReforma en 2009 es el primer caso, pero la propuesta recibió dictamen desfavorable de la Comisión respectiva del Congreso en 2010. Le siguió la iniciativa de URL-USAC-ASIES que sí era un proyecto acotado al sector justicia y que recibió dictamen favorable en 2012, pero jamás se discutió en el pleno.

En 2011, hubo otros dos proyectos de reforma constitucional al sector justicia que ni siquiera llegaron al Congreso. Uno propuesto por Roberto Molina Barreto, entonces magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y otro promovido por el Organismo Judicial. En 2012 también fracasó una intentona de reforma constitucional del entonces presidente, Otto Pérez Molina.

El último intento parecía tener alguna posibilidad de triunfo. A finales de 2016, 52 diputados apadrinaron una iniciativa que rápidamente recibió dictamen favorable de la Comisión respectiva en el Congreso. Se respiraban aires de cambio por las protestas de 2015 y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la discusión relativa al reconocimiento del derecho ancestral fue el elemento perfecto para que los sectores reaccionarios se activaran y la reforma murió en el pleno pese a que el controversial punto fue retirado de la propuesta.

¿Qué nos dice todo esto? Que todo mundo piensa (y sabe) que el actual modelo de comisiones de postulación es un auténtico desastre y que hay que arreglar otras variables que solo se pueden corregir reformando la Constitución para lograr que la justicia funcione. Pero también nos confirma que cuando llega el momento de discutir las reformas suelen triunfar los grupos de interés que favorecen el statu quo. Muchos de estos grupos apoyan la propuesta por el día y cabildean para que muera por la noche. 

Esta reforma se presenta en medio de una pandemia y en medio de una de las peores crisis de nuestro sistema de justicia. El primer factor dificultará el debate necesario de una propuesta de esta envergadura debido a las medidas de distanciamiento físico y social. El segundo factor evidenciar la necesidad de urgencia de la reforma porque existe la posibilidad de que el Congreso no cumpla a cabalidad lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Esto puede traer consigo una serie de impugnaciones que hagan colapsar el proceso de elección de magistrados y conducir la crisis a otro nivel.

No hay demasiadas razones para ser optimistas. Aunque se trate del enésimo intento de reformar la justicia de nuestro país, a quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional nos corresponde ofrecer debates de altura para enriquecer la discusión y mejorar la propuesta, pero no podemos hacerlo mientras el presidente no plantee su propuesta a detalle. El diálogo y la transparencia son elementos vitales de cualquier intento de reforma constitucional. A los políticos les corresponde abrir los espacios para que esto ocurra, aunque lo previsible es que aquello no esté dentro de sus planes. 

El presidente puede reconducir el camino y dotar el proceso de transparencia para ganarse la confianza de la sociedad guatemalteca. A los diputados honorables y capaces del Congreso les corresponde ser la voz de los guatemaltecos honestos que tienen sed de justicia. Eso requerirá una alta dosis de liderazgo y madurez política. Los diputados más oscuros buscarán a toda costa que nada cambie y contarán con la complicidad de los reaccionarios de siempre. 

El fracaso de la reforma sería el triunfo de los intereses oscuros que siempre ganan con mantener las cosas como están. Si eso ocurre, continuaremos cavando más profundo el pozo de nuestro fracaso institucional.

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Los dos pecados del 15-2020 y del veto presidencial

El decreto 15-2020, aprobado el pasado 3 de abril por el Congreso, regulaba algunas medidas de “alivio” para la población por la crisis que vivimos. En términos sencillos, lo que establecía el decreto era: a) prohibir el corte de servicios básicos por falta de pago a partir del estado de calamidad; y b) prohibir el cobro de intereses o mora por falta de pago y ofrecer un convenio de pago hasta por 12 cuotas a los usuarios que no pudieran pagar las cuotas de los servicios durante la emergencia.

Los dos pecados del decreto

La idea central del decreto es razonable. Estamos parados no porque queramos, sino porque las medidas de emergencia del gobierno no permiten producir por razones sanitarias. Eso provoca que la falta de ingresos de muchas familias no les permita hacer frente a los pagos de servicios de energía eléctrica, agua potable o telefonía.

¿Cuáles son entonces los pecados? Son básicamente dos. 

El primero es no establecer un criterio objetivo para otorgar los beneficios. En el caso de la energía eléctrica era fácil definir por nivel de consumo (kilovatios hora por mes) quiénes podían ser los beneficiarios. Está claro que hay hogares con mejores ingresos a quienes no hace falta dar la ayuda. La ley simplemente establecía que el privilegio era para “población guatemalteca en situación de vulnerabilidad”. En el agua potable podría ser algo similar.

El segundo pecado fue no procurar un mecanismo de compensación para las empresas involucradas. Es decir, suponer que una empresa, por grande o pequeña que sea, puede sencillamente dejar de cobrar un servicio sin menoscabo alguno es simplemente absurdo.

Veamos ejemplos de países concretos. Perú, por ejemplo, también prohibió el corte de energía eléctrica por falta de pago y estableció obligación de hacer convenios de pago hasta por 2 años. Eso sí, el decreto peruano tiene un mecanismo de compensación: el Estado asumirá el pago de intereses compensatorios a través de un fondo de inclusión social. Esto permite al usuario hacer un convenio de pago; permite a la empresa cobrar el costo financiero al Estado y no al usuario. Ambas partes compensadas.

El decreto 15-2020 tenía un mecanismo de compensación, a través de créditos blandos otorgados por el CHN, pero únicamente era para cableros y prestadores del servicio de agua potable.

Los pecados del veto presidencial

Por los dos pecados anteriores es que yo dije: yo hubiera vetado el decreto 15-2020 si fuera presidente. Sin embargo, como podrá apreciar el lector al leer el veto, ni lo hubiera hecho por las mismas razones ni habría tardado tanto en hacerlo.

El decreto tiene 5 artículos y no hacían falta semanas para vetarlo. Dada la urgencia que vive el país, no es correcto demorar tanto para vetarlo. Especialmente cuando una de las “razones” para vetarlo es que dice “luz” en lugar de energía eléctrica.

Por eso los dos pecados del veto son: a) el inexplicable retardo; y b) la pobre argumentación del veto. Es verdad que el presidente presentó una iniciativa como contrapropuesta, pero hay cosas discutibles como la disposición para otorgar fondos a la empresa de agua potable de la Municipalidad de Guatemala. Pero haría falta otra columna para analizar la iniciativa y sus virtudes y defectos.

¿Qué hacer ahora? El balón en cancha del Congreso

No se trata de inventar el agua azucarada. El Congreso debe trabajar a tiempo completo en una nueva iniciativa que supere los obstáculos técnicos del decreto 15-2020.

Debe encontrar el equilibrio de ayuda al usuario y compensación a las partes involucradas para no generar problemas en la cadena de pagos de los proveedores. Si el decreto 15-2020 fue aprobado con 140 votos quiere decir que voluntad y votos, hay. Solo falta hacerlo realidad.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

El nuevo gobierno

Después de una larga transición (cinco meses), asumió finalmente el nuevo gobierno. Repasemos rápidamente los retos del ejecutivo y la situación del Congreso.

Retos del nuevo ejecutivo

La nueva administración tiene muchos desafíos. Las últimas encuestas hechas en la segunda mitad de 2019, dan cuenta que aproximadamente un 40% de la población piensa que el principal problema de Guatemala es la inseguridad; cerca de un tercio piensa que es la mala situación económica. Esas deberían ser las prioridades del gobierno.

Hay muchos temas de fondo que deberían ser prioridad. En primer lugar, la desnutrición crónica es un drama que padecen la mitad de nuestros niños. Literalmente les roba el futuro. El presidente Giammattei hizo una mención especial sobre ese asunto durante su discurso inaugural y ojalá se dediquen los esfuerzos prometidos para resolver el problema. No hay que inventar el agua azucarada. Chile, por ejemplo, es un caso interesante y otros países también lo han logrado.

En segundo lugar, rescatar la educación pública y la sanidad será fundamental. La cobertura de educación primaria llegó casi a un 99% hace diez años y ahora ronda el 78%. Recuperar cobertura y dar educación de calidad será un reto. La mano de obra guatemalteca tiene un promedio de 6 años y medio de escolaridad. Para desempeñarse en una economía moderna, esto es insuficiente. El problema es que los recursos no abundan y el sindicato de educación es un obstáculo para ello. Deberá enfrentarse a ellos con determinación.

En salud hay muchísimos más desafíos. Aumentar la cobertura será fundamental y hace falta mucha inversión en infraestructura con un presupuesto modesto dada la baja recaudación y la rigidez presupuestaria. Para variar, en salud también encontrará sindicatos muy poderosos.

En finanzas públicas hay que prestar atención a la baja relación entre recaudación fiscal y Producto Interno Bruto que, de acuerdo con cifras preliminares de SAT, podría ser la más baja desde 1995. Por otra parte, el Ejecutivo deberá negociar una ampliación al presupuesto dado que no se aprobó presupuesto para 2020. Veremos cómo navega en un Congreso tan fragmentado.

El Congreso

Por primera vez habrá 19 bancadas en el Congreso, la fragmentación más alta en nuestra era democrática. La elección de Junta Directiva se logró por un estrecho margen: la bancada ganadora, afín al oficialismo, sacó 82 votos (81 era el requerido) y la planilla de oposición, liderada por la UNE, obtuvo 77 votos. El dato más relevante es que la UNE se desgranó: 6 diputados suyos votaron por la planilla oficialista y sus votos fueron decisivos para esa victoria.

La coalición de 82 diputados que hizo posible la Junta Directiva que va a presidir el oficialista Allan Rodríguez consta de los 17 votos de VAMOS, 2 de Victoria, 6 de VIVA, los 9 de VALOR, los 3 de Unionista, 6 de UNE, los 12 de UCN, los 7 de TODOS, los 3 de Prosperidad Ciudadana, 1 del PAN, los 5 de Humanista, los 7 de FCN-Nación y 3 de BIEN. En total 13 bancadas.

La gran pregunta es si esa alianza que permitió formar Junta Directiva permitirá aprobar temas como la ampliación de presupuesto u otra legislación que requiera el Ejecutivo para hacer gobierno. Por otra parte, habrá que ver cómo se comporte la bancada UNE, la más grande del Congreso. Han perdido 6 elementos y los números pueden crecer en función de cómo avance el proceso contra Sandra Torres y el proceso de cancelación del partido.

Por último, no debemos olvidar que en las próximas semanas y meses se jugarán temas clave en el Congreso: elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia y luego elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dependiendo de las facciones que consigan tomar mayor control en estos nombramientos, veremos quién gana el pulso de poder en instancias clave del juego político.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Caos en el poder judicial: Giammattei podría tener la llave

Se suponía que el 13 de octubre pasado sería el último día para los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Cortes de Apelaciones (CdeA). Sin embargo, un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) interrumpió el proceso de elección de magistrados por claros vicios en el proceso de selección de magistrados.

Como el lector probablemente sepa, tanto a los magistrados de CSJ y de CdeA los elige el Congreso de la República de una nómina que le envía una comisión de postulación. Estas comisiones de postulación están compuestas por 37 miembros: 12 decanos de las facultades de derecho, 12 representantes del Colegio de Abogados, 12 representantes de los magistrados y 1 representante de los rectores de las universidades.

Este modelo de comisiones de postulación apareció por primera vez en nuestro país en 1983, durante la transición a la democracia. Se estableció este sistema para elegir al Tribunal Supremo Electoral que, con mucho éxito, organizó las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente las elecciones presidenciales de 1985.

Los diputados de aquella constituyente incorporaron el modelo de comisiones de postulación para elegir magistrados de CSJ, CdeA y otros cargos importantes, probablemente motivados por el rotundo éxito de aquel honorable y aun recordado Tribunal Supremo Electoral.

Pero bien lo manifestó el diputado constituyente Gabriel Larios Ochaita en una de las sesiones de la constituyente: “es posible que la forma como se eligió, por medio de un Comité de Postulación, al Tribunal Supremo Electoral [el de 1983], fue exitoso, no sabemos si, por el mismo Comité en sí mismo, o bien por las personas que felizmente llegaron a ocupar las posiciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.

El tiempo parece demostrar que aquella noble idea, que alguna vez dio un virtuoso Tribunal Supremo Electoral, colapsó y el sistema de comisiones de postulación está agotado. Durante los últimos 10 años, en los que el país ha vivido tres procesos para designar magistrados, todos han sido ferozmente cuestionados en los tribunales.

En 2009, un amparo de la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a revisar el listado de magistrados que había nombrado para CSJ y verificar su honorabilidad. Asimismo, dio un tiempo para que los particulares presentaran denuncias contra los magistrados designados y los aspirantes incluidos en la nómina que envió la Comisión de Postulación. El resultado fue que el Congreso reemplazó a 3 magistrados que no cumplían con dichos requisitos. Un bochorno total.

En 2014, un amparo provisional de la CC suspendió el nombramiento de magistrados de CSJ porque había dudas fundadas de que el proceso de designación fue objeto de presiones externas e irregularidades. En 2014, al igual que ahora, los magistrados en funciones tuvieron que permanecer en su cargo por resolución en amparo provisional de la CC hasta que ésta resolvió en definitiva el asunto.

En 2019, por tercera vez consecutiva, el proceso de designación de cortes se impugna porque se señalan vicios graves en el mismo. Esta vez, el motivo de fondo es que la nueva ley de la carrera judicial (aprobada en 2016) exigía al Consejo de la Carrera Judicial evaluar a los jueces y magistrados que aspiren a continuar en el cargo o a un ascenso dentro de la carrera judicial.

La omisión de la evaluación parece adrede. Los grupos oscuros, por supuesto, querían prescindir de la evaluación para tener menos restricciones para influir en la lista de magistrados que se remitiría al Congreso. No es un secreto que hay estructuras criminales que han conseguido ganar influencia en algunos espacios del colegio de abogados, la academia y el propio sistema judicial y cuentan con comisionados afines que les ayudan en su macabra tarea.

El amparo de la CC sirvió para poner un alto al contubernio que se fraguaba, pero los intereses mezquinos se confabulan ahora para lograr el caos. Bloquear el proceso de evaluación para prolongar indefinidamente a los magistrados actuales en sus funciones es su objetivo.

Ante la cruda realidad que expongo, no cabe la menor duda de que el sistema de comisiones de postulación está agotado y ha caducado. Lamentablemente, por estar en la Constitución la única salida de fondo al problema es a través de una reforma constitucional.

Por eso concluyo con la idea que da el título a esta columna: ¿no tendría la llave para salir de esta crisis el presidente electo, Alejandro Giammattei? Él, como representante de la unidad nacional, y habilitado por el artículo 277 constitucional, podría tomar el liderazgo nacional y proponer al Congreso de la República una reforma constitucional que cambie este caduco sistema de elección de magistrados y dar lugar a un mecanismo que nos saque de la actual crisis y procure el nombramiento de magistrados independientes, capaces y probos, como es el deseo de los buenos guatemaltecos.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero · 1 Comentario

Algunos apuntes en la recta final de las elecciones

Estamos a pocos días de las elecciones generales 2019 y la incertidumbre continúa siendo la variable clave. Hace apenas días se caía la quinta candidatura presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciaba que revocaba la inscripción de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Se podría decir que hasta menos de 15 días antes del evento electoral tuvimos certeza (si no pasa nada los últimos días) de quiénes estarán en la boleta electoral por la presidencia. Una locura.

Sin duda habrá que esperar las últimas encuestas que se publicarán pocos días antes de la elección para saber con mayor claridad cómo está la carrera presidencial. De momento, de acuerdo con el último sondeo de CID-Gallup de finales de mayo, Sandra Torres encabeza la intención de voto con 21%; Alejandro Giammattei segundo con 12%, Roberto Arzú en tercer lugar con 9% y en cuarto lugar Edmond Mulet con 7%.

Sandra Torres mantiene su caudal, pero no crece demasiado. En el sondeo de CID-Gallup abril, aparecía igualmente con 21%. Recordemos que en 2015 logró 19.76% de votos en primera vuelta así que digamos que se mantiene en ese rango. Alejandro Giammattei tampoco creció demasiado pues en abril tenía 8% de intención de voto, aunque al hacer el simulacro de papeleta sin Zury Ríos y Thema Aldana ya aparecía en segundo lugar con 12%, los mismos que reflejan el sondeo de abril.

Mulet y Arzú también se estancaron en 7% y 9% respectivamente, pero ojo: si asumimos que votará el 65% del padrón, Giammattei recibiría 635,684 votos en tanto que Arzú 476,763 y Mulet 370,816. Es decir, que Arzú está a 158,921 votos de Giammattei y Mulet a 264,868. Tomaría algo extraordinario para que uno de estos dos candidatos suba al segundo lugar, pero no sería imposible.

El gran factor será el votante indeciso que suma el 24%, más que cualquier otro candidato. Claro está que ese voto indeciso se distribuirá entre varios candidatos, pero precisamente el alto nivel de indecisión hace difícil, por no decir imposible, hacer predicciones más o menos fiables en esta elección presidencial.

Lo que está más claro es el Congreso: de acuerdo con las proyecciones de Quique Godoy, la UNE podría meter entre 45 y 50 diputados, casi un tercio del Congreso, difícil para hacer mayoría, pero suficiente para marcar el ritmo y hacer alianza con bancadas que sirvan de bisagra. Lejos estarían TODOS y Vamos con 15 y 12 diputados respectivamente, Valor y FCN con 10, Podemos con 7 y CREO y Semilla con 6. Luego vendrían más bancadas pequeñas.

Es difícil hacer predicciones al Congreso por el efecto de la fórmula para distribuir escaños, pero la aproximación nos da una idea. Es posible que partidos como FCN tengan mejores resultados de los proyectados debido a que cuentan con estructuras fuertes de la vieja política. Recordemos que FCN “fichó” a muchos cuadros de LIDER Y PP como el propio Estuardo Galdámez, Delia Bac (sus dos hijos son candidatos), Armando Escribá y quien fuera el alfil de Manuel Baldizón en el Congreso, Roberto Villate.  Incluso “fichó” a algunos ex UNE como Domingo Trejo de Escuintla, Ferdy Elías de Quiché o Rudy Pereira de Alta Verapaz.

Las fuertes estructuras podrían ayudar también a Roberto Arzú. De los partidos de coalición que lo postulan, PAN y Podemos, podemos agregar un par de elementos para el análisis. El PAN tiene un reconocimiento de marca importante por su antigüedad y eso ayuda. Podemos tiene entre sus cuadros a gente de la vieja política con capacidad de movilización como Ronald Sierra en Alta Verapaz, Iván Arévalo de Totonicapán (ex FRG y PP) o Rubén Darío Crespo, hijo de Arístides Crespo, quien fuera del PAN de Arzú, del FRG de Portillo y luego del PP; ahora imputado por un caso de plazas fantasma.

El voto nulo ha generado más dudas que respuestas ante el silencio irresponsable del TSE que no ha explicado si el voto nulo computará para determinar si alguien obtiene mayoría absoluta en la elección presidencial o no. En la elección para el Congreso no tendría efecto alguno pues se tome o no en cuenta el voto en nulo, la asignación de escaños no debería variar. Espero que el TSE aclare lo que atañe al voto nulo en la elección presidencial lo más pronto posible.

De cualquier modo, considero que el voto nulo es un sinsentido porque necesita ganar la elección presidencial por la mitad más uno de votos totales: si asumimos que vota el 65% del padrón, el voto nulo debería sacar 2,648,683. Exacto, es imposible.