Hoy circuló un comunicado de la PGN en el que señalan que luego de un «estudio» de varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, determinaron que procederán a denunciar a tres magistrados de esta corte por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad. Copio el comunicado para referencia del lector.

¿Por qué la denuncia?

Básicamente la PGN está intentando decir que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en los conflictos que ha tenido el Gobierno con la CICIG son «inconstitucionales». Sí, leyó usted correctamente. La PGN acusa a la Corte de Constitucionalidad, cuya función es, según el artículo 268 de la Constitución «la defensa del orden constitucional» de violar la Constitución.

¿Puede un tribunal constitucional dictar resoluciones contrarias a la Constitución?

La pregunta es compleja y no será el primer lugar donde se plantee algo así. En Estado Unidos, el político republicano Rick Santorum argumentó que la decisión de la Suprema Corte de ese país en el caso Obergefell v. Hodges, era «inconstitucional». El caso es que dado que la Suprema Corte interpreta la Constitución, sus decisiones no pueden ser inconstitucionales. EEUU es precisamente el referente en materia de judicial review.

Lo mismo puede decirse de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Dado que su función es la defensa del orden constitucional, sus decisiones son las que determinan cuál es la interpretación correcta de la Constitución y ningún tribunal de inferior rango puede inobservar sus decisiones.

Si las denuncias prosperaran, ¿cómo va a decidir un juez de inferior rango en materia constitucional que las decisiones de la CC son contrarias a la Constitución? Hay una imposibilidad lógica.

¿Los tribunales constitucionales pueden resolver lo que quieran? El Caso Ríos Montt

Tampoco es el caso. De hecho, en Guatemala existen precedentes en que la CC ha resuelto en formas evidentemente contrarias a lo que dice el texto constitucional. Basta recordar aquella polémica resolución del 2003 (expediente 1089-2003) en que la CC decidió que Efraín Ríos Montt no tenía prohibición de optar a la presidencia.

Pero la cosa no acaba ahí. En el expediente 2395-2006 el abogado Mario Fuentes Destarac pidió que se declarara nula la sentencia antes referida por declarar inaplicable el artículo 186 de la Constitución y por tanto violar la misma. La Corte resolvió que no cabía declarar la nulidad pero reconoce en su sentencia que «Se realizó una interpretación errónea de la prohibición de inelegibilidad contenida en el literal a) del artículo 186 de la Constitución Política de la República». Luego declara la propia Corte reconoce que «Se ordenó “excluir por completo, en el caso concreto, la aplicación del precepto contenido en el artículo 186 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de las razones que quedaron expresadas en esta sentencia”, con lo cual la Corte de Constitucionalidad incumplió, de manera más que evidente, con la observancia obligatoria del imperativo categórico contenido en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República» (la negrita es propia).

Pese a que la Corte de Constitucionalidad reconoció que la magistratura anterior «resolvió en contra de la Constitución», no accedieron a declarar nula la sentencia del caso Ríos Montt. En cambio dijeron que dicha sentencia simplemente padece de una «carencia absoluta de efecto jurisprudencial vinculante de la decisión contenida en la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil tres, y las posteriores contenidas en tres autos dictados el treinta de julio de ese mismo año».

En pocas palabras, dado que la CC en dos oportunidades anteriores había negado la participación a Ríos Montt, resolvieron que el fallo «erróneo» del 2003 no interrumpía la formación de jurisprudencia en el sentido original de que tenía prohibición para efectos de sentar jurisprudencia vinculante.

Conclusión

El caso Ríos Montt sirve para ilustrar que las dinámicas de poder pueden llevar a las cortes a dictar resoluciones contrarias al espíritu constitucional. En el 2003 la CC impuso su interpretación y, por más errónea que fuera, fue obligatoria para los demás órganos del Estado y el General corrió por la presidencia. Dichosamente no ganó.

La actual Corte de Constitucionalidad se ha visto en la necesidad de dictar resoluciones llenas de polémica dado que el Gobierno ha declarado una guerra a CICIG. Sin duda muchos de sus criterios son discutibles pero no por ello constituyen violaciones flagrantes a la Constitución y menos son motivo para accionar penalmente contra los magistrados que así han resuelto.

En el fondo la realidad política parece sugerir una conclusión: la CC siempre ha dictado resoluciones polémicas y alguna vez contrarias al espíritu constitucional. Pero como en el caso Ríos Montt, que nos sirvió de ejemplo, la CC obedecía al poder político, sus resoluciones, por muy ilegales que fueran, nunca fueron cuestionadas.

Hoy, dado que la CC no responde directamente al poder político, sus decisiones dan lugar a que precisamente sea el poder político quien arremeta contra los magistrados. Lo que está en juego es la independencia de la CC. El gobierno no está inconforme porque la CC resuelve «contra» la Constitución. Está molesto porque no resuelve conforme a lo que ellos quisieran.