El 12 de diciembre de 2018, se supo que dos auditores y supervisores de la Contraloría General de Cuentas presentaron una denuncia penal por un contrato de servicios que el MP suscribió en el periodo en que Thelma Aldana era fiscal con José Carlos Marroquín. Pueden encontrar la denuncia aquí.

En los párrafos siguientes me propongo explicar al lector lo que dice la denuncia y lo que implica en términos legales. No es una opinión o una postura personal sobre el tema. Es una explicación.

El contrato de servicios con José Carlos Marroquín

Según se puede leer del escrito,el Ministerio Público celebró un contrato de servicios profesionales con el señor José Carlos Marroquín bajo el renglón 189. Este renglón, de acuerdo con los lineamientos del manual presupuestario, se refieren a “Otros estudios y/o servicios».

Es decir, no se trata de un contrato de trabajo sino de un contrato de servicios, de una consultoría, para decirlo en términos sencillos. Este punto es clave, porque el señor Marroquín vive en EEUU, ya que tiene asilo en aquel país desde hace varios años.

La consultoría consistía, según la denuncia, en la entrega de los siguientes productos.

1. Elaborar un documento que identifique y sistematice las buenas prácticas para el fortalecimiento de la investigación y de la persecución penal estratégica del MP.
2. Elaborar un análisis comparativo del antes y el después de las buenas prácticas implementadas en el MP.
3. Hoja de ruta y estrategia para socializar y compartir con las diferentes instituciones del sistema de justicia los resultados de la consultoría.

¿Se entregó la consultoría? ¿Debía estar José Carlos Marroquín en Guatemala?

Legalmente, al ser el renglón 189 relativo a servicios, no es necesario que el consultor esté físicamente en el MP. La obligación consiste en entregar los productos de la consultoría.

De acuerdo con la propia denuncia, el señor Marroquín sí entregó los productos. Dice la denuncia:

«(…) el consultor José Carlos Marroquín Pérez, mediante correo electrónico hizo entrega del producto número tres (3) al Ministerio Público denominado “Informe sobre Buenas Prácticas Desarrolladas den el Ministerio Público de Guatemala”»

Si lo entregó, entonces, ¿cuál es la denuncia?

Lo que argumentan los auditores de la Contraloría es que solicitaron información al MP, el 23 de noviembre pasado, para determinar si los productos de la consultoría habrían traído beneficios a la institución. Al responder al requerimiento, la gente del MP contesta dos cosas:

1. Del primer compendio (producto de la consultoría), no pueden dar cuenta de los beneficios porque eso lo trabajó de cerca la ex fiscal Aldana con su secretario de política criminal, Rootman Pérez. Así que no pueden dar cuenta de lo útil o no del mismo.
2. Respecto del compendio de buenas prácticas, que se entregó en mayo, no hay registros de que se haya socializado. Esto último parece no tener sentido porque la ex fiscal entregó el cargo en mayo, el mismo mes que se entregó la consultoría. No parece lógico alegar que no se socializó porque concluyó su periodo. Pero eso es lo que respondió la gente del MP.

En conclusión, ¿prosperará la denuncia? Está por verse. ¿Qué les parece la acusación? Abajo transcribo la respuesta del personal del MP con la cual se fundamentan los supervisores de Contraloría para denunciar que la consultoría en discusión fue en detrimento del erario público. De la información para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.

«Mediante oficio número (…) el Equipo de Auditoría solicitó información al Ministerio Público acerca de los beneficios o utilidades al Fortalecimiento del Ministerio Público y por ende al Sector Justicia, derivado del producto número tres, entregado por el consultor José Carlos Marroquín Pérez; mediante oficio número (…) el Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación del Ministerio Público manifiestan: “…Que derivado a que la consultoría en referencia la trabajo [sic] directamente el consultor en apoyo a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público [Thelma Aldana], con el acompañamiento del titular de la Secretaría de Política Criminal de la anterior Administración de la Institución [Rootman Pérez] no se han percibido beneficios o utilidades derivados del Compendio, dado que se cuenta con el mismo como producto de la consultoría, pero no se tienen otros documentos o instrumento que corroboren la utilidad del mismo … En relación al documento de la consultoría Desarrollo de un Compendio de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en el Fortalecimiento de las capacidades de la Investigación y Persecución Penal Estratégica que concluyó en mayo del presente año, no se cuenta con registros de que el documento haya sido socializado, así como que a la fecha se hayan recibido consultas al mismo por otras instituciones nacionales o internacionales”.»