Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Un duro reporte sobre el acuerdo de “tercer país” entre EE. UU. y Guatemala (ACA)

En julio de 2019 publicaba una columna por el secretismo con el que el entonces presidente, Jimmy Morales, negociaba un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en “tercer país seguro”. 

La amenaza de Trump era un factor de peso, pero el gobierno de Morales tenía poco interés en encontrar un mejor resultado y en cambio se disponía a firmar a marchas forzadas y a las espaldas de todo el mundo un acuerdo. ¿El objetivo? Agradar a la administración Trump (según él) ante los eventuales problemas que enfrentaría al dejar la presidencia.

Además de la falta de transparencia en las negociaciones, el ACA se firmó en una zona gris y en medio de una disputa legal en la Corte de Constitucionalidad con la interrogante de si el acuerdo debía aprobarse o no en el Congreso. Finalmente, no fue aprobado en el Congreso y entró en vigor.

De fondo, la principal crítica siempre fue que Guatemala no tenía las condiciones para recibir a personas que reclamaban asilo. Ni la infraestructura legal ni las capacidades institucionales del país daban para ello. En aquella columna yo mostraba mi preocupación por la eventual violación de derechos humanos que podría suponer esto.

El pasado 10 de junio, el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown, publicó un reporte muy bien documentado sobre la aplicación del ACA. Éste recoge el testimonio de personas que han sido remitidas a Guatemala en virtud del acuerdo y arroja conclusiones preocupantes.

De acuerdo con el reporte, el ACA viola el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos pues las personas que son remitidas a Guatemala en virtud del ACA no encuentran un proceso viable para buscar protección.

Ni el Código de Migración ni el sistema para tramitar el asilo en Guatemala ofrecen la protección que de acuerdo con estándares de derechos humanos deben recibir las personas que son enviadas desde Estados Unidos a Guatemala. La idea de designar a un país como “tercer país seguro” es que encuentre un estándar de protección similar al del país del cual es remitido (en este caso EE. UU.). Es bastante obvio que Guatemala no cumplía este requisito.

En resumidas cuentas, el reporte recomienda al gobierno de EE. UU. dar por terminado el acuerdo para evitar que existan más violaciones de derechos humanos. 

En las recomendaciones para Guatemala, hay cuestiones muy elementales que denotan la falta de visión de las anteriores autoridades al entrar al acuerdo. Por ejemplo, se recomienda emitir un reglamento para definir el proceso de asilo en virtud del ACA, publicar el acuerdo y sus anexos en español, llevar a la práctica el sistema de asilo de conformidad con las disposiciones del Código de Migración de 2016 y sus reglamentos,hacer pública la información sobre el proceso de asilo de Guatemala y los pasos que debe seguir un solicitante de asilo en Guatemala, entre otras.

El reporte detalla lo que era previsible. Desnuda la frágil institucionalidad de Guatemala y en el caso concreto las lagunas legales que hay del Código de Migración que fuera aprobado en 2016. 

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Acuerdo de tercer país seguro: ¿ahora qué sigue?

Comenzó en secreto y el gobierno insiste en continuar así…

La discusión relacionada con el acuerdo de tercer país seguro que ha suscrito el gobierno de Morales con EEUU nos tiene en vilo desde hace dos semanas. El secretismo que rodeó al acuerdo marcó la tendencia desde el comienzo. Había rumores de que se firmaría un acuerdo de país seguro y tanto CNN, The Wall Street Journal y The New Yorker daban por hecho el acuerdo mientras el gobierno de Guatemala insistía en negarlo. Negarlo solo sirvió para dejarlos en ridículo, pues pese a sus enojos, el acuerdo existe y fue suscrito.

En la conferencia de prensa del 1 de agosto, la Canciller fue cuestionada sobre las negociaciones que siguen a la firma del acuerdo. Su respuesta fue: “lo que sucede es que toda negociación no es pública (…) No podemos estar ventilando todo lo que sucede en ese proceso”.

Es obvio que las negociaciones se dan en reuniones privadas entre funcionarios de ambos Estados. Pero resulta normal, como parte del principio de publicidad de los actos de la administración pública, que las autoridades hagan de conocimiento del público los asuntos que negociarán por ser de interés público. Si el público no tiene información, es incapaz de formarse un juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de las políticas del gobierno. Eso es básico.

¿El acuerdo irá al Congreso?

Si recordamos el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad en una acción promovida por varios ex cancilleres, la Corte resolvió que si el presidente Morales se disponía aprobar el acuerdo de tercer país seguro cumpliera con el procedimiento que establece el artículo 171 inciso l de la Constitución y lo envíe al Congreso para su aprobación.

Sin embargo, en la conferencia de prensa del 1 de agosto, tanto el Ministro de Gobernación como la Canciller, aseguraron que el documento estaba en análisis de los asesores jurídicos y que después de que sus asesores lo examinen determinarán si lo remiten al Congreso o no. Incluso el Ministro de Gobernación se permitió “recordarnos” que pasarlo por el Congreso lo haría más tardado y que hay “(…) mucha preocupación porque Trump dijo que para ellos esto debería estar ya avanzando (…)”.

Es obvio que el acuerdo debe ir al Congreso y, una vez más, el Ejecutivo lanza un desafío al tribunal constitucional. La Canciller también aprovechó para señalar a la gente que interpone los amparos en contra del acuerdo y argumenta que solo buscan protagonismo. Al parecer al Ejecutivo no le gusta que la Corte someta a control constitucional sus actos. Nada nuevo.

Por otra parte, sería oportuno que el acuerdo sea sometido a opinión de la Corte de Constitucionalidad para determinar la constitucionalidad del mismo. Esto en virtud de que es una de las funciones que la literal “e” del artículo 272 de la Constitución atribuye al tribunal constitucional.

La gran recompensa son las visas H2A, ¿pero no es el mismo trato que reciben Honduras y El Salvador?

No todo son malas noticias. La embajada de los Estados Unidos anunció que se firmó un “acuerdo de cooperación bilateral con Guatemala para  facilitar mayor transparencia, rendición de cuentas y seguridad de los trabajadores en el programa de visas de no inmigrantes H-2A”. El gobierno de Guatemala, en la conferencia de prensa, aseguró que si bien ya otorgaban visas H-2A, no existía un programa específico. Todo bien… pero.

No es muy distinto a la política que han tenido con Honduras y El Salvador. Estos países, desde inicios de año, han estado negociando la implementación de un programa similar. La prensa salvadoreña anunciaba el 15 de julio de 2019 que se disponían a firmar un acuerdo para obtener visas H-2A. La prensa hondureña lo anunciaba desde abril del presente año.

De modo que el convenio entre Guatemala y EEUU para obtener visas H-2A es una buena noticia, pero no debería contentarnos como moneda de cambio del complicado acuerdo de tercer país seguro considerando que Honduras y El Salvador obtienen beneficios similares sin asumir costos tan altos.

¿Entonces? ¿Todo es culpa de Morales?

Sería injusto afirmar que Morales tiene toda la culpa de lo ocurrido y que en su ausencia la amenaza de suscribir un acuerdo de tercer país seguro jamás habría llegado.

Es un hecho que Donald Trump tiene la mirada puesta en las elecciones de 2020 y quiere dar resultados en materia de migración. Busca que Guatemala sea su frontera legal. Tiene buenas razones para ello: hay aproximadamente 945,000 casos en cortes migratorias en EEUU. Algunos de estos casos son por peticiones de asilo. Solo entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, representan aproximadamente 500,000 de estos casos, según TRAC.

Guatemala ciertamente tiene pocas herramientas para negociar y hacer un papel medianamente digno como el que hizo México en junio pasado. Lo criticable es la opacidad y poca transparencia con la que el gobierno dirigió las negociaciones y los ataques de miembros de su gabinete respecto de los detractores de esta medida.

Los beneficios que Guatemala podría percibir, como dijimos antes, no justifican semejante medida y menos aún la prisa con la que se disponen a operarla. Guatemala podría negociar con Estados Unidos una reducción de las barreras no arancelarias para el ingreso de algunos de nuestros productos y con ello aumentar la inversión y generar más empleos. Solo así se reducirá la migración.

Mientras tanto, al Gobierno de Morales se lo critica por la opacidad, miopía y la hostilidad con la que se conduce contra sus detractores sobre este tema.

Publicado el por Edgar Ortiz Romero

Tercer país seguro parte II: Tres mentiras de Morales y la furia de Trump

En una columna anterior expliqué qué significaba ser tercer país seguro de EEUU y las gravísimas consecuencias que tendría para Guatemala firmar dicho acuerdo.  El problema continúa. Alrededor del mismo, el presidente Morales ha dicho al menos tres mentiras y todo como telón de fondo a la furia de Trump con nuestro país. Repasemos el asunto.

Primera mentira: negar el acuerdo a la prensa

El presidente de Guatemala Jimmy Morales y el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirían en la Casa Blanca el 15 de julio. Esto levantó las sospechas de que se firmaría un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Ante los medios, antes y después de que se cancelara dicha reunión, el gobierno negaba el acuerdo. La prensa estadounidense, en cambio, lo daba por hecho.

Segunda mentira: negar el acuerdo ante la propia Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional un día antes de la reunión entre los presidentes (14 de julio) como consecuencia de una acción que promovieron unos colegas abogados y ex cancilleres ante la amenaza de que Morales firmara el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin pasar por el Congreso. Esto motivó que la reunión se suspendiera.

La Corte solicitó un informe al presidente previo a resolver aquí es donde viene la segunda mentira del gobierno. El presidente informó a la Corte que:

«(…) los actos reclamados [la amenaza de firmar el acuerdo de tercer país seguro] constituyen situaciones que no tienen existencia real, sino más bien son basados en conjeturas, noticias de periódicos locales, cartas de Congresistas, que en ningún momento le obligan a realizar determinada actividad, por lo que la prueba ofrecida no constituye ninguna credibilidad de que firmará en el futuro algún documento de compromiso (…)». (El resaltado es propio)

Pero el 23 de julio Twitter amaneció en llamas cuando el presidente Trump tuiteó que «Guatemala, que ha estado formando caravanas y ha enviado a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros de firmar un acuerdo de Tercer País seguro. Estábamos listos para ir (…)» (traducción libre, el resaltado es propio). ¿Entonces? ¿No decía el presidente Morales ante la Corte de Constitucionalidad, que la amenaza de firmar un acuerdo de tercer país seguro «no tenía existencia real»? El presidente Trump lo delató. Morales le mintió a la Corte.

Tercera mentira: culpar a la Corte de Constitucionalidad de entrometerse en la política exterior

El presidente Morales publicó en Facebook un escrito en el que culpa de la caída de las negociaciones entre Guatemala y EEUU a la Corte de Constitucionalidad por el fallo antes aludido. Entre otras cosas, Morales afirma:

«Recientemente, la mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala, facultad que le confiere nuestra carta magna, exclusivamente al Organismo Ejecutivo.» (El resaltado es propio)

El presidente miente o exagera con esa afirmación. La Corte de Constitucionalidad no se entrometió con la política exterior y, mucho menos, negó que el acuerdo pudiese llegar a nacer, lo único que resolvió fue que, si el presidente Morales quiere suscribir el convenio de tercer país seguro, éste debe pasar por la aprobación del Congreso porque así lo establece el artículo 171 literal “l” de la Constitución. Algo que Morales intentó burlar suscribiendo un acuerdo simplificado, pero que finalmente no pudo ser gracias a esta acción de amparo.

Tampoco es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad resuelve temas de política exterior, como reiteradamente ha afirmado este gobierno. En 2009 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el Expediente 2409-2009, un amparo a favor de Cámara de Comercio y Cámara de Industria ante la amenaza de que el gobierno de Álvaro Colom repitiese la medida de restringir el comercio con Honduras por las fronteras terrestres, una medida que había tomado en junio de aquel año durante 48 horas como consecuencia del golpe de Estado a Manuel Zelaya. De modo que el amparo provisional en el caso del tercer país seguro transita en la misma línea jurisprudencial que aquel precedente. Nuevamente, Morales miente o se equivoca (la que usted prefiera).

La furia de Trump: amenazar con subir aranceles a nuestros productos y poner impuesto a nuestras remesas

Claro está que para Trump la migración es un tema central con miras a su reelección en el 2020. En tal sentido, intentó arrinconar a México para que fuera tercer país seguro con la amenaza de imponer aranceles escalonados que comenzarían con el 5% y acabarían en el 25% si no atendían sus demandas, algo que tuvo a bien evitar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ahora Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos guatemaltecos y fijar un impuesto a las remesas de los guatemaltecos. ¿Es posible? Sí, pero en ambos casos podría existir un contrapeso en el legislativo de EEUU.

En el caso de imponer un impuesto a las remesas, debería producirse a través de una ley que deben aprobar ambas cámaras del Congreso americano. De hecho, fue algo que intentaron en 2017 cuando un grupo de republicanos propuso la Border Wall Funding Act of 2017.

El aumento de aranceles es un poco más complicado. El presidente Trump podría hacer uso de la International Emergency Economic Powers Act y declarar que existe una emergencia de parte de Guatemala contra la «seguridad nacional» de los EEUU e imponer aranceles usando los poderes de emergencia que dicha norma le da. En tal caso, el Congreso de EEUU podría emitir una resolución que ponga fin a la emergencia declarada por el presidente y revertir el aumento de aranceles.

Otra respuesta podría ser que Guatemala podría acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que el aumento de aranceles sería en violación del TLC RD-CAFTA. Honestamente, no es demasiado consuelo. La OMC ha estado bajo serios cuestionamientos por parte de los propios EEUU desde hace años, incluso bajo la administración Obama que bloqueó la reelección de una juez de apelaciones de la OMC. Con Trump la cosa ha ido a peor pues incluso ha planteado la salida de EEUU de la organización.

Sí, Guatemala no puede negociar de tú a tú con EEUU. La crítica central contra la administración de Morales no es esa. Lo cuestionable es el secretismo con que se han ventilado los asuntos y la poca consciencia de los problemas que traería para Guatemala aceptar ser tercer país seguro de EEUU. He ahí el problema. El segundo problema es su narrativa que invita a desobedecer a la CC, algo que data de 2017. Todo muy en contra de la institucionalidad de la que tanto carece el país.

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Qué significa que Guatemala acuerde con Estados Unidos ser tercer país seguro y por qué sería hipotecar al país

Rumores «bien fundados» (?), como diría el presidente

Como es costumbre en este gobierno, los rumores corren antes que las comunicaciones oficiales. Primero, el presidente Trump dijo en un tuit de fecha 17 de junio que Guatemala se «preparaba» para convertirse en tercer país seguro. La prensa internacional reportó unos días más tarde que el Ministro de Gobernación consideraba que «el hecho de que un país como los EE. UU. nos vea como un país seguro en principio es sumamente positivo», como si de una ganga se tratase.

Lo que ha dado tracción al tema es que el lunes, 15 de julio, el presidente Morales se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca, un suceso poco habitual que no se explica a no ser que exista un gran acuerdo detrás. Lo reportado por CNN, The Wall Street Journal y también por The New Yorker es que en los próximos días será un hecho el acuerdo entre EEUU y Guatemala para que nos convirtamos en tercer país seguro.

Naturalmente, el gobierno niega que la reunión tenga ese propósito, pero también negó que iría a Argentina a comprar aviones para el ejército y nos enteramos un día después por la prensa argentina de que el rumor era cierto y efectivamente iban a comprarlos (o a «adquirirlos», para usar la simpática nomenclatura que quiso emplear el Ministro de la Defensa para intentar sacar la pata).

¿Qué significa ser tercer país seguro y qué implicaría para Guatemala?

Todo nace en la Convención de Ginebra de 1951 que originalmente sirvió para atender a los refugiados de la Europa de la posguerra, luego ampliado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 a otras circunstancias. Ambos instrumentos fueron ratificados por Guatemala en 1983.

En términos muy sencillos y generales, esta normativa regula el derecho de asilo, al cual puede recurrir cualquier persona que busque protección en otro país si en su país de origen o residencia tiene temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, posiciones políticas, identidad de género o preferencia sexual.

En los últimos meses ha habido un incremento sustancial en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos que reclaman asilo. Solo el año pasado Estados Unidos recibió alrededor de 62,000 peticiones de asilo de hondureños y salvadoreños. Trump respondió con su política de metering que consiste en limitar la cantidad de aplicantes de asilo que pueden entrar diariamente a los Estados Unidos, lo cual ha llevado a miles de migrantes a esperar en México en condiciones precarias hasta que sea su «turno», algo que lo determinan ellos mismos o las autoridades mexicanas.

El concepto de «tercer país seguro» se refiere al hecho de que quienes busquen la protección de asilo en un segundo país, en este caso EEUU, éste pueda negarse a darles asilo y remitirlos a un tercer país, en este caso Guatemala, que pueda darles las mismas atenciones y tratos. Eso implica que EEUU puede enviarnos centenares de personas que pidan asilo en EEUU hasta que su situación se resuelva.

Resalté la última parte del enunciado porque es la que pone en evidencia por qué es absurdo hablar de que Guatemala pueda ser un tercer país seguro. Guatemala no es siquiera capaz de dar atención adecuada al flujo actual de migrantes en el albergue ubicado en la zona 5 de la Ciudad. Mucho menos será capaz de dar vivienda, seguridad social, servicios médicos esenciales, educación o empleo a los mismos, algo a lo que nos comprometería el presidente Morales. Mucho menos hablar de la incapacidad que tendría nuestro sistema de justicia de procesar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían venir.

Es cierto, Estados Unidos nos daría dinero para hacer frente a estas obligaciones. Pero como lo ha expuesto mi colega Arturo Villagrán, Guatemala es signatario de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y está bajo la jurisdicción de la CIDH y de la Corte IDH. Si Guatemala llega a violar derechos humanos de refugiados, seríamos responsables como Estado y el gobierno de EEUU no respondería de ninguna manera por ello.

La experiencia europea de designar a Turquía como tercer país seguro ha sido objeto de señalamientos de violaciones de derechos humanos a refugiados, lo mismo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea que lo fue de Australia. Las organizaciones de derechos humanos en EEUU tienen claro que Guatemala no puede ser un país seguro.

La actitud de Morales y lo que queda

La cuestión solo tiene una explicación: al presidente Morales le quedan poco menos de seis meses de mandato y piensa que una actitud servil con la Administración Trump le comprará impunidad. Hipoteca al país y poco le importa el gran compromiso que asumiría Guatemala y que podría durar décadas. Se equivoca de todas formas. Trump solo piensa en las elecciones del 2020 y si no pudo construir un muro físico en México, Guatemala será su «muro» para enviar decenas de personas que piden asilo en EEUU. Mientras Morales sea útil, todo bien. Luego, lidiará con quien ocupe la presidencia.

Un grupo de colegas y el PDH ha presentado un amparo que busca evitar que el presidente Morales dé marcha con el acuerdo. Ojalá la Corte de Constitucionalidad actúe con prontitud y evite que Guatemala cometa este craso error y esta manifiesta ilegalidad.