Se suponía que el 13 de octubre pasado sería el último día para los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Cortes de Apelaciones (CdeA). Sin embargo, un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) interrumpió el proceso de elección de magistrados por claros vicios en el proceso de selección de magistrados.
Como el lector probablemente sepa, tanto a los magistrados de CSJ y de CdeA los elige el Congreso de la República de una nómina que le envía una comisión de postulación. Estas comisiones de postulación están compuestas por 37 miembros: 12 decanos de las facultades de derecho, 12 representantes del Colegio de Abogados, 12 representantes de los magistrados y 1 representante de los rectores de las universidades.
Este modelo de comisiones de postulación apareció por primera vez en nuestro país en 1983, durante la transición a la democracia. Se estableció este sistema para elegir al Tribunal Supremo Electoral que, con mucho éxito, organizó las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente las elecciones presidenciales de 1985.
Los diputados de aquella constituyente incorporaron el modelo de comisiones de postulación para elegir magistrados de CSJ, CdeA y otros cargos importantes, probablemente motivados por el rotundo éxito de aquel honorable y aun recordado Tribunal Supremo Electoral.
Pero bien lo manifestó el diputado constituyente Gabriel Larios Ochaita en una de las sesiones de la constituyente: “es posible que la forma como se eligió, por medio de un Comité de Postulación, al Tribunal Supremo Electoral [el de 1983], fue exitoso, no sabemos si, por el mismo Comité en sí mismo, o bien por las personas que felizmente llegaron a ocupar las posiciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.
El tiempo parece demostrar que aquella noble idea, que alguna vez dio un virtuoso Tribunal Supremo Electoral, colapsó y el sistema de comisiones de postulación está agotado. Durante los últimos 10 años, en los que el país ha vivido tres procesos para designar magistrados, todos han sido ferozmente cuestionados en los tribunales.
En 2009, un amparo de la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a revisar el listado de magistrados que había nombrado para CSJ y verificar su honorabilidad. Asimismo, dio un tiempo para que los particulares presentaran denuncias contra los magistrados designados y los aspirantes incluidos en la nómina que envió la Comisión de Postulación. El resultado fue que el Congreso reemplazó a 3 magistrados que no cumplían con dichos requisitos. Un bochorno total.
En 2014, un amparo provisional de la CC suspendió el nombramiento de magistrados de CSJ porque había dudas fundadas de que el proceso de designación fue objeto de presiones externas e irregularidades. En 2014, al igual que ahora, los magistrados en funciones tuvieron que permanecer en su cargo por resolución en amparo provisional de la CC hasta que ésta resolvió en definitiva el asunto.
En 2019, por tercera vez consecutiva, el proceso de designación de cortes se impugna porque se señalan vicios graves en el mismo. Esta vez, el motivo de fondo es que la nueva ley de la carrera judicial (aprobada en 2016) exigía al Consejo de la Carrera Judicial evaluar a los jueces y magistrados que aspiren a continuar en el cargo o a un ascenso dentro de la carrera judicial.
La omisión de la evaluación parece adrede. Los grupos oscuros, por supuesto, querían prescindir de la evaluación para tener menos restricciones para influir en la lista de magistrados que se remitiría al Congreso. No es un secreto que hay estructuras criminales que han conseguido ganar influencia en algunos espacios del colegio de abogados, la academia y el propio sistema judicial y cuentan con comisionados afines que les ayudan en su macabra tarea.
El amparo de la CC sirvió para poner un alto al contubernio que se fraguaba, pero los intereses mezquinos se confabulan ahora para lograr el caos. Bloquear el proceso de evaluación para prolongar indefinidamente a los magistrados actuales en sus funciones es su objetivo.
Ante la cruda realidad que expongo, no cabe la menor duda de que el sistema de comisiones de postulación está agotado y ha caducado. Lamentablemente, por estar en la Constitución la única salida de fondo al problema es a través de una reforma constitucional.
Por eso concluyo con la idea que da el título a esta columna: ¿no tendría la llave para salir de esta crisis el presidente electo, Alejandro Giammattei? Él, como representante de la unidad nacional, y habilitado por el artículo 277 constitucional, podría tomar el liderazgo nacional y proponer al Congreso de la República una reforma constitucional que cambie este caduco sistema de elección de magistrados y dar lugar a un mecanismo que nos saque de la actual crisis y procure el nombramiento de magistrados independientes, capaces y probos, como es el deseo de los buenos guatemaltecos.
Edgar Ortiz Romero 